Gobierno concreta duodécimo vuelo de expulsión con 67 extranjeros hacia Bolivia, Ecuador y Colombia
Resumen
El Gobierno de Chile ejecutó este viernes su duodécimo vuelo chárter de expulsiones, trasladando a 67 ciudadanos extranjeros hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. Con esta operación, la administración actual suma 1.840 expulsiones desde el 11 de marzo, alcanzando un total de 2.136 deportaciones en lo que va de 2026. El 78% de los expulsados en este operativo ingresó al país por pasos no habilitados, mientras que el resto mantenía antecedentes por delitos como robo con violencia, asociación ilícita y tráfico de drogas.
Las autoridades del Ministerio del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones destacaron que la frecuencia de estos vuelos triplica la registrada durante el periodo gubernamental anterior. Además de las expulsiones forzosas, el Ejecutivo informó un aumento significativo en las salidas voluntarias, contabilizando 11.625 casos entre enero y octubre de 2026, cifra que supera ampliamente las 4.253 registradas en todo el año 2025. La mayoría de estas salidas voluntarias corresponden a ciudadanos venezolanos y colombianos.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, confirmó la aprobación de 11.600 millones de pesos adicionales para financiar expulsiones durante 2027. Asimismo, se detalló que se han iniciado procesos de expulsión contra extranjeros detenidos durante las manifestaciones del 18 de octubre, incluyendo la revocación de residencias definitivas. Estos procedimientos se encuentran actualmente en etapa de notificación y sujetos a los plazos legales de apelación ante la justicia.
Análisis Político
La estrategia política del Ejecutivo se centra en capitalizar la gestión migratoria como un eje de orden público, utilizando comparativas estadísticas para contrastar su desempeño con la administración anterior. Al triplicar la frecuencia de vuelos y destacar el aumento en las salidas voluntarias, el Gobierno busca consolidar una narrativa de control y eficacia frente a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. La aprobación de un presupuesto robusto para 2027 refuerza esta postura, proyectando una política de Estado sostenida en el tiempo.
En este escenario, el Gobierno se posiciona como el principal ganador al capitalizar políticamente la percepción de ordenamiento migratorio, mientras que la oposición queda en una posición defensiva al ser comparada con cifras de gestión inferiores. La narrativa oficial construye una distinción clara entre el 'orden' actual y la gestión previa, utilizando datos de fiscalización y expulsiones como herramientas de validación. Por otro lado, los extranjeros en situación irregular o con antecedentes delictivos son los principales afectados, enfrentando una política de deportación más activa y rigurosa.
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