Presentan proyecto de Ley Mariana para eliminar prescripción en homicidios y femicidios
Resumen
El diputado Javier Muñoz presentó el proyecto denominado Ley Mariana, tras el sobreseimiento definitivo del autor confeso del asesinato de Mariana Sepúlveda, ocurrido en 2008. La iniciativa busca modificar el Código Penal para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de homicidio, parricidio y femicidio, evitando que el paso del tiempo impida la persecución penal. El parlamentario argumenta que los plazos actuales de 15 años son insuficientes frente a casos donde la ocultación de evidencia o la intimidación retrasan el esclarecimiento de los hechos.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, manifestó su rechazo ante la liberación del responsable del crimen, calificando la situación como una muestra de total impunidad. El Gobierno se encuentra en coordinación con el Ministerio de Justicia para abordar esta falencia procesal que afecta gravemente a las víctimas. La autoridad enfatizó la necesidad de revisar los límites temporales para perseguir los crímenes más graves contra la vida.
El proyecto legislativo, que cuenta con el respaldo de la familia de la víctima y el exfiscal Carlos Gajardo, no tendrá efecto retroactivo, aplicándose únicamente a delitos cometidos tras su eventual promulgación. El diputado Muñoz ha solicitado al Ejecutivo que otorgue urgencia a la tramitación para acelerar su discusión en el Congreso. La propuesta busca equiparar estos delitos con otras figuras penales que ya contemplan la imprescriptibilidad en la legislación chilena.
Análisis Político
La estrategia política detrás de la Ley Mariana utiliza la alta sensibilidad pública generada por un caso de alta connotación social para impulsar reformas estructurales en el Código Penal. Al presentar la iniciativa de forma transversal y con el apoyo de figuras técnicas como el exfiscal Carlos Gajardo, el diputado Muñoz busca capitalizar el descontento ciudadano frente a la impunidad judicial, presionando al Ejecutivo para que asuma el costo político de respaldar una medida de seguridad pública de alta demanda popular.
En este escenario, las familias de las víctimas y los legisladores que promueven la reforma ganan capital político al posicionarse como defensores de la justicia, mientras que el sistema judicial y el principio de prescripción se convierten en los principales cuestionados. La narrativa se construye bajo la dicotomía entre la rigidez técnica de los plazos legales y la exigencia ética de justicia, obligando a los actores políticos a definirse ante una demanda que busca cerrar brechas de impunidad en crímenes violentos.
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