El Barómetro Laboral y Previsional reveló que el 21,6% de los jóvenes entre 25 y 34 años no estudia ni trabaja, marcando el registro más alto desde inicios de 2023. Este incremento de 1,7 puntos porcentuales en un año refleja una contracción significativa en la ocupación juvenil, con una pérdida de 112 mil empleos en este segmento etario. La tasa de ocupación actual, situada en un 72,6%, se encuentra incluso por debajo de los niveles observados antes de la pandemia. La directora ejecutiva del CIES UDD, Daniela Leitch, aclaró que el 41% de estos jóvenes se encuentra en condición de desocupación involuntaria, es decir, buscan empleo activamente sin éxito. El informe destaca que el deterioro laboral es transversal, afectando a cerca de 135 mil jóvenes entre 18 y 34 años, de los cuales una mayoría significativa corresponde a empleos formales perdidos. Esta situación evidencia las dificultades estructurales para la inserción laboral de los adultos jóvenes en el mercado actual. Ante este escenario, el gobierno del presidente José Antonio Kast anunció la implementación de un Plan de Emergencia Laboral para combatir el desempleo. La estrategia contempla la articulación de diversos ministerios, incluyendo Trabajo, Hacienda y Obras Públicas, mediante la entrega de subsidios. Los timoneles de los partidos oficialistas se reunieron en La Moneda con el mandatario para coordinar las medidas frente a la crisis de empleabilidad.

Análisis político

La estrategia política del gobierno de José Antonio Kast se centra en la reactivación económica mediante la intervención directa y la articulación interministerial, buscando mitigar el impacto social de las cifras de desempleo. Al presentar un 'Plan de Emergencia', el Ejecutivo intenta controlar la narrativa sobre la crisis laboral, posicionándose como un actor proactivo frente a un indicador que afecta directamente a la población joven, un segmento clave para la estabilidad social y económica del país. En este contexto, el gobierno es quien más arriesga, ya que la persistencia de estas cifras debilita su gestión económica y la percepción de eficacia de sus políticas públicas. Por otro lado, la oposición utiliza estos datos para cuestionar la capacidad del Ejecutivo para generar empleos formales, construyendo una narrativa de deterioro estructural. Mientras el gobierno enfatiza la necesidad de subsidios y medidas de emergencia, los críticos subrayan la pérdida de plazas formales como un síntoma de una política económica que no logra absorber la fuerza laboral joven.