El Barómetro Laboral y Previsional de agosto de 2026 reveló que el 21,6% de los jóvenes entre 25 y 34 años en Chile no estudia ni trabaja, marcando la cifra más alta desde inicios de 2023. Este incremento de 1,7 puntos porcentuales en un año afecta a un segmento que enfrenta dificultades estructurales para insertarse en el mercado laboral. El informe destaca que el 41% de este grupo se encuentra desocupado pero buscando empleo activamente, lo que descarta una inactividad voluntaria generalizada. La crisis laboral juvenil se refleja en la pérdida de 135 mil empleos para el segmento de 18 a 34 años en los últimos doce meses, de los cuales 85.600 correspondían a puestos formales. La tasa de ocupación para los jóvenes de 25 a 34 años cayó al 72,6%, situándose por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia. Expertos señalan que esta situación exige tanto una mejor preparación de los jóvenes como la creación de oportunidades reales por parte del sector privado. Ante este escenario, el presidente José Antonio Kast anunció la implementación de un Plan de Emergencia Laboral para frenar el desempleo. La estrategia gubernamental contempla la entrega de subsidios y la coordinación interministerial entre Trabajo, Obras Públicas, Hacienda, Vivienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Los timoneles de los partidos oficialistas se reunieron en La Moneda para discutir los detalles de esta iniciativa frente a la contracción del mercado laboral.

Análisis político

La estrategia política del gobierno de José Antonio Kast se centra en la reactivación económica mediante la articulación de un plan de emergencia que busca mitigar el costo político del desempleo juvenil. Al convocar a los timoneles oficialistas y anunciar subsidios, el Ejecutivo intenta proyectar una imagen de gestión proactiva ante una cifra que alcanza niveles críticos, buscando evitar que el descontento laboral se traduzca en una crisis de gobernabilidad. En este evento, el gobierno es quien más arriesga, ya que la persistencia de estas cifras debilita su narrativa de recuperación económica, mientras que la oposición y los sectores críticos ganan terreno al utilizar los datos del Barómetro como evidencia de la ineficacia de las políticas actuales. La construcción de la narrativa se divide entre quienes enfatizan la responsabilidad del mercado en la falta de oportunidades y quienes, desde el oficialismo, intentan desplazar el foco hacia la necesidad de subsidios y programas de emergencia para contener la desocupación.

El Barómetro Laboral y Previsional reveló que el 21,6% de los jóvenes entre 25 y 34 años no estudia ni trabaja, marcando el registro más alto desde inicios de 2023. Este incremento de 1,7 puntos porcentuales en un año refleja una contracción significativa en la ocupación juvenil, con una pérdida de 112 mil empleos en este segmento etario. La tasa de ocupación actual, situada en un 72,6%, se encuentra incluso por debajo de los niveles observados antes de la pandemia. La directora ejecutiva del CIES UDD, Daniela Leitch, aclaró que el 41% de estos jóvenes se encuentra en condición de desocupación involuntaria, es decir, buscan empleo activamente sin éxito. El informe destaca que el deterioro laboral es transversal, afectando a cerca de 135 mil jóvenes entre 18 y 34 años, de los cuales una mayoría significativa corresponde a empleos formales perdidos. Esta situación evidencia las dificultades estructurales para la inserción laboral de los adultos jóvenes en el mercado actual. Ante este escenario, el gobierno del presidente José Antonio Kast anunció la implementación de un Plan de Emergencia Laboral para combatir el desempleo. La estrategia contempla la articulación de diversos ministerios, incluyendo Trabajo, Hacienda y Obras Públicas, mediante la entrega de subsidios. Los timoneles de los partidos oficialistas se reunieron en La Moneda con el mandatario para coordinar las medidas frente a la crisis de empleabilidad.

Análisis político

La estrategia política del gobierno de José Antonio Kast se centra en la reactivación económica mediante la intervención directa y la articulación interministerial, buscando mitigar el impacto social de las cifras de desempleo. Al presentar un 'Plan de Emergencia', el Ejecutivo intenta controlar la narrativa sobre la crisis laboral, posicionándose como un actor proactivo frente a un indicador que afecta directamente a la población joven, un segmento clave para la estabilidad social y económica del país. En este contexto, el gobierno es quien más arriesga, ya que la persistencia de estas cifras debilita su gestión económica y la percepción de eficacia de sus políticas públicas. Por otro lado, la oposición utiliza estos datos para cuestionar la capacidad del Ejecutivo para generar empleos formales, construyendo una narrativa de deterioro estructural. Mientras el gobierno enfatiza la necesidad de subsidios y medidas de emergencia, los críticos subrayan la pérdida de plazas formales como un síntoma de una política económica que no logra absorber la fuerza laboral joven.