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Octubre 29, 2026
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Ministro de Justicia enfrenta crisis por rebaja de penas a agresores sexuales y extranjeros

Resumen i

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se encuentra en el centro de una controversia política tras revelarse que otorgó rebajas de condena a 56 agresores sexuales de menores y a tres ciudadanos extranjeros vinculados al Tren de Aragua. Informes periodísticos indican que el secretario de Estado recibió tres advertencias entre febrero y mayo de 2026 sobre el costo político de estas decisiones, las cuales omitió comunicar al Presidente José Antonio Kast. La situación ha derivado en una fuerte presión opositora que exige la renuncia del ministro y del subsecretario Luis Silva, además de la posibilidad de una acusación constitucional.

La defensa de Rabat se ha centrado en argumentar que su cartera carece de atribuciones para evaluar el mérito de las solicitudes, limitándose a verificar requisitos formales tras las resoluciones de comisiones especializadas y fallos judiciales. El ministro sostiene que 36 de los 56 casos de agresores sexuales contaban con resoluciones previas de tribunales que obligaban a reconsiderar los beneficios. Ante la opinión pública, Rabat ha calificado el riesgo de reincidencia como un factor latente en el sistema vigente desde 2003, proponiendo una reforma legal para que los informes de Gendarmería sean vinculantes.

El impacto en la gestión del Gobierno ha sido significativo, reflejándose en una encuesta Cadem que muestra un 77% de desaprobación a la gestión de Rabat y un 64% de rechazo a la decisión del Presidente Kast de mantenerlo en el cargo. A pesar de la crisis, el Mandatario ha ratificado al ministro en sus funciones, encomendándole liderar las soluciones legislativas para evitar que situaciones similares se repitan. El Ejecutivo deberá enfrentar además el costo económico de la defensa legal del ministro ante el Congreso.

Análisis Político i

La estrategia del Gobierno se basa en la contención de daños mediante la ratificación del ministro Rabat, intentando desplazar la responsabilidad hacia el diseño institucional del sistema de justicia y la obligatoriedad de cumplir fallos judiciales. Esta narrativa busca transformar un error político en una oportunidad para impulsar una reforma legal, intentando cerrar el flanco de la seguridad pública que es el eje central de la crítica opositora. Sin embargo, la falta de comunicación interna sobre las advertencias previas debilita la posición del Ejecutivo y expone una desconexión entre la toma de decisiones técnicas y la sensibilidad política de La Moneda.

En este escenario, el gran perdedor es el capital político del Presidente Kast, cuya aprobación se ve arrastrada por la gestión de su ministro, mientras que la oposición capitaliza el descontento ciudadano para erosionar la credibilidad del Gobierno en materia de seguridad. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo se refugia en el cumplimiento de la legalidad y la tecnocracia, la oposición utiliza el componente emocional y de seguridad —especialmente al vincular los beneficios con el Tren de Aragua y la protección de menores— para deslegitimar la permanencia de las autoridades en sus cargos.

Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente

✓ VERIFICADO
Información corroborada por 23 medios independientes, incluyendo fuentes institucionales: Ministerio de Justicia .

Sesgo mediático i

Centro 47%
Izquierda 29%
Centro 50%
Derecha 21%

Ideología histórica de medios i

Izquierda Centro-Izq
Centro
Institucionales
Centro-Der Derecha

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