El 12° Juzgado de Garantía de Santiago dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra el exfutbolista Francisco Huaiquipán, tras ser formalizado por delitos de violación y abuso sexual reiterado. La investigación, liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur, se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2023 que afectaron a tres víctimas menores de edad pertenecientes al entorno familiar del imputado. El tribunal estableció un plazo de 120 días para el cierre de las indagatorias, ordenando el ingreso del exdeportista al recinto penitenciario Santiago 1. La detención del imputado se materializó en la comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo, donde se encontraba trabajando, en cumplimiento de una orden judicial previa. La fiscal jefa de Género, Yazmín Salech, subrayó que la naturaleza de los delitos y la gravedad de las imputaciones justificaron la medida para evitar el peligro de fuga. La persecutora explicó que, debido a la dinámica de los abusos intrafamiliares, las denuncias fueron tardías, lo que dificulta la obtención de evidencia física pero no invalida los testimonios concordantes de las víctimas. La defensa del exfutbolista, encabezada por el abogado Darío Gajardo, sostuvo la inocencia de su representado y cuestionó la falta de pericias psicológicas que respalden los relatos. Tras el rechazo del tribunal a las solicitudes de arresto domiciliario o fianza, la defensa anunció que presentará un recurso de apelación. Este caso se suma a los antecedentes judiciales previos del exjugador, quien ya contaba con una condena por tráfico de drogas en 2021.

Análisis político

El caso refleja una estrategia institucional de la Fiscalía enfocada en la persecución de delitos de género y violencia intrafamiliar, priorizando la protección de las víctimas mediante la formalización de hechos de larga data. La narrativa del Ministerio Público busca validar las denuncias tardías como un fenómeno estructural, contrarrestando el argumento de la defensa que intenta deslegitimar el proceso por la ausencia de pruebas materiales inmediatas. El principal perdedor es la figura pública del imputado, cuya trayectoria ya estaba marcada por conflictos previos con la justicia, lo que refuerza una percepción social de reincidencia delictiva. Por otro lado, el sistema judicial gana legitimidad al aplicar medidas cautelares severas en casos de alta connotación pública, mientras que la defensa intenta construir una narrativa de indefensión basada en la falta de correlato pericial para intentar revertir la prisión preventiva en instancias superiores.