El Ministerio de Justicia de Chile ha otorgado reducciones de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad mediante decretos administrativos. Entre los casos más cuestionados destaca el de un hombre condenado a más de 20 años por violar y abusar de su hija, quien obtuvo una rebaja de 36 meses firmada por el ministro Fernando Rabat. Otro caso involucra a un condenado que recibió una reducción de 27 meses tras haber sido rechazado en cinco ocasiones previas para acceder a la libertad condicional por informes de Gendarmería que alertaban sobre un alto riesgo de reincidencia. La controversia se centra en el uso de facultades administrativas para acortar penas que originalmente debían cumplirse de manera efectiva. Los informes técnicos de Gendarmería, que advertían sobre la falta de avances en la rehabilitación de los internos y el peligro de nuevos abusos, fueron desestimados en los decretos ministeriales. La falta de notificación a las víctimas sobre estas rebajas ha generado un fuerte rechazo social y político, evidenciando una desconexión entre el sistema administrativo y las sentencias judiciales previas. La situación ha escalado hasta la Cámara de Diputadas y Diputados, donde parlamentarios de oposición han anunciado una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat. Mientras el Gobierno defiende el procedimiento aplicado, los cuestionamientos se mantienen sobre la transparencia del proceso y la seguridad de las víctimas. La revelación de estos antecedentes ha puesto en el centro del debate la gestión del Ministerio de Justicia durante la administración de José Antonio Kast.

Análisis político

La estrategia política observada refleja una tensión entre la gestión administrativa del Ejecutivo y la autonomía del Poder Judicial, donde el uso de decretos para rebajar penas se utiliza como una herramienta de control penitenciario que choca con la severidad de las sentencias originales. El Gobierno busca mantener una narrativa de eficiencia en la administración de las cárceles, mientras que la oposición capitaliza el descontento social para desgastar la figura del ministro de Justicia mediante la amenaza de una acusación constitucional, buscando posicionarse como defensores de la seguridad y los derechos de las víctimas. En este escenario, el gran perdedor es el Ministerio de Justicia, cuya legitimidad se ve erosionada por la falta de transparencia y la desatención a los informes técnicos de riesgo, lo que debilita la confianza pública en la administración de la justicia. Por otro lado, la oposición gana terreno político al transformar un caso de gestión técnica en un símbolo de negligencia institucional, construyendo una narrativa que vincula directamente al Gobierno con la impunidad de agresores sexuales, lo que complica la agenda legislativa del oficialismo.