Justicia ordena comiso de propiedad de exalcalde Aguilera adquirida con fondos ilícitos
Resumen
El Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago confirmó el comiso de una vivienda en la comuna de La Reina, propiedad del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. La resolución judicial determinó que el inmueble fue adquirido mediante el lavado de activos y el incremento patrimonial injustificado, delitos cometidos por el exedil entre 2013 y 2017. El bien raíz pasará a manos del Fisco de Chile para su posterior subasta pública.
La sentencia, que cierra un proceso iniciado tras investigaciones periodísticas en 2018, establece que Aguilera utilizó depósitos en efectivo de origen desconocido para financiar la compra. Aunque el exalcalde fue absuelto del cargo de cohecho pasivo por prescripción, el tribunal acreditó que recibió pagos ilegales vinculados a licitaciones municipales. El fallo también impuso al exmilitante socialista una pena de cuatro años de libertad vigilada intensiva, multas superiores a los 246 millones de pesos e inhabilitación para cargos públicos.
El proceso judicial enfrentó diversas aristas, incluyendo la oposición de la cónyuge del condenado y la intervención del Banco Santander. El tribunal reconoció la validez de la hipoteca bancaria al considerar a la entidad como un tercero de buena fe, pese a señalar negligencias administrativas en sus protocolos de prevención de lavado de activos. Esta decisión judicial marca el fin de una década de litigio sobre el patrimonio del exjefe comunal.
Análisis Político
El caso refleja una estrategia de persecución penal enfocada en la desarticulación de redes de corrupción municipal mediante el rastreo de activos, una herramienta clave en el sistema judicial chileno para golpear el patrimonio de figuras políticas cuestionadas. La condena subraya la vulnerabilidad de los gobiernos locales ante el cohecho y el lavado de dinero, evidenciando cómo el abuso de la investidura pública permite la creación de entramados delictivos que operan bajo la fachada de la gestión administrativa.
En este escenario, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado se posicionan como los principales ganadores al lograr la recuperación de bienes para el fisco, fortaleciendo la narrativa de probidad institucional. Por el contrario, el exalcalde pierde su capital político y económico, mientras que el sistema bancario, aunque mantiene su garantía hipotecaria, queda expuesto ante la opinión pública por fallas en sus controles de prevención, lo que permite a los actores políticos construir narrativas sobre la necesidad de mayor fiscalización en el sector privado y público.
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