El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dictó sentencias que suman más de 1.000 años de presidio para 18 integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML). Los condenados fueron hallados culpables de delitos como homicidio calificado frustrado, incendio, robo con violencia y porte ilegal de armas, tras el ataque perpetrado el 29 de agosto de 2022 en Contulmo. Las penas más severas, que superan los 80 años de cárcel, recayeron sobre cinco líderes de la organización, mientras que otros involucrados recibieron condenas de 65 y 34 años, además de sanciones bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para tres menores de edad. El ataque resultó en la destrucción del histórico molino de la familia Grollmus y dejó a víctimas con secuelas físicas permanentes, incluyendo la amputación de una pierna y la pérdida de visión. El Ministerio Público destacó que la investigación fue compleja y valoró la proporcionalidad de las penas frente a la gravedad de los hechos. Por su parte, la defensa de los condenados ha anticipado la evaluación de recursos de nulidad, argumentando que la sentencia aún no se encuentra firme ni ejecutoriada. La resolución judicial es vista como un hito en la persecución penal de grupos radicales en la zona sur del país. Autoridades y querellantes subrayaron que la desarticulación de esta banda ha permitido una disminución significativa en los atentados atribuidos a la RML en la provincia de Arauco. El proceso judicial, que se extendió por varias semanas, concluyó con la absolución de los cargos por asociación ilícita debido a criterios de irretroactividad legal, aunque se acreditaron los delitos violentos específicos.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en el uso del sistema judicial como herramienta principal para la recuperación del control territorial y la desarticulación de grupos radicales. Al obtener condenas históricas, el Estado busca enviar una señal de eficacia institucional y disuasión, capitalizando el éxito investigativo para legitimar la presencia estatal en una zona marcada por el conflicto. El Gobierno y el Ministerio Público se posicionan como los principales ganadores al demostrar resultados concretos en seguridad, mientras que las organizaciones radicales pierden capacidad operativa y legitimidad ante la opinión pública. Las narrativas se construyen bajo una clara dicotomía: por un lado, el Estado y las víctimas enfatizan la justicia, la proporcionalidad de las penas y la recuperación de la seguridad como un triunfo del Estado de Derecho. Por otro lado, las defensas intentan cuestionar la validez de las pruebas y buscan espacios legales para revertir las sentencias, manteniendo una postura de resistencia técnica. La ausencia de condenas por asociación ilícita, debido a la irretroactividad de la ley, permite a los actores políticos matizar el alcance del fallo, aunque el peso de las penas por delitos comunes logra consolidar la narrativa de que la violencia no quedará impune.