Justicia chilena sobresee a Sergio Jadue por prescripción de delitos en caso ANFP
Resumen
El 13° Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de Sergio Jadue, expresidente de la ANFP, por la prescripción de la acción penal en los delitos de apropiación indebida y tributarios que se le imputaban desde 2016. La magistrada Paz Reyes Moreno acogió la solicitud de la defensa al determinar que el plazo legal para juzgar los hechos, ocurridos hace más de una década, había expirado. Esta resolución también benefició a su excolaborador Mauricio Etcheverry, quien enfrentaba cargos similares por su gestión en el organismo deportivo.
La Fiscalía Metropolitana Oriente, que se opuso a la medida, argumentó que el cómputo de prescripción debía considerar hitos posteriores, como la solicitud de extradición realizada en 2017. El fiscal Marco Paredes señaló que el tribunal desestimó su tesis sobre la determinación de la pena y confirmó que el Ministerio Público evalúa presentar un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones. Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos manifestó que agotará todas las instancias jurídicas para revertir la decisión, subrayando la importancia de perseguir los delitos tributarios.
El fallo no implica una declaración de inocencia, sino la extinción de la facultad del Estado para continuar con la persecución penal debido al paso del tiempo. Aunque el sobreseimiento despeja el camino para un eventual regreso de Jadue a Chile al eliminar las órdenes de detención locales, el exdirigente mantiene procesos pendientes en Estados Unidos vinculados al caso FIFA Gate. Jadue reside en Miami desde 2015, donde ha colaborado como testigo protegido en la investigación internacional sobre corrupción en el fútbol.
Análisis Político
La estrategia de la defensa de Jadue se centró en capitalizar el paso del tiempo y la complejidad de la causa para forzar un cierre administrativo, evitando así un juicio de fondo sobre los hechos. Por otro lado, el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos intentaron mantener la vigencia de la acción penal mediante una interpretación extensiva de los plazos, buscando evitar la sensación de impunidad institucional que rodea al caso desde su origen.
En este escenario, el gran perdedor es la credibilidad del sistema judicial y la transparencia en la gestión del fútbol profesional, ya que el sobreseimiento se percibe como una absolución de facto ante la opinión pública. Mientras la defensa construye una narrativa de tranquilidad y normalización de la vida de Jadue en el extranjero, las instituciones persecutoras intentan reafirmar su rol fiscalizador, aunque el resultado final refuerza la percepción de que las estructuras de poder deportivo lograron evadir la responsabilidad penal mediante la dilación procesal.
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