El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designó a la abogada Trinidad Zegers, quien juró ante la Corte Suprema en abril de 2026, para coordinar las actividades administrativas y ejecutivas de la Reforma Procesal Civil. Esta iniciativa, que busca reemplazar el Código de Procedimiento Civil de 1903, se encuentra en tramitación legislativa desde 2012 y cuenta con la aprobación en general del Senado desde 2021. La designación generó atención pública debido a la corta trayectoria profesional de la asesora, quien se incorporó al gabinete ministerial el mismo mes en que obtuvo su título. Ante las críticas y la caracterización de Zegers como "gerenta" del proyecto en la prensa, el ministro Fernando Rabat y fuentes de la cartera salieron a precisar sus funciones. El Ejecutivo descartó que la abogada sea la responsable del diseño intelectual o técnico de la reforma, atribuyendo dicha labor al propio ministro y a la jefa de la División Jurídica, Pilar Hazbún. Según el Ministerio, el rol de Zegers se limita a la gestión de reuniones, coordinación de eventos y labores administrativas para destrabar el avance del proyecto. La controversia surge en un contexto donde el Ministerio de Justicia carece de presupuesto para promocionar sus iniciativas, lo que obligó a una reorganización interna de funciones. La reforma es considerada una prioridad para modernizar el sistema judicial, prometiendo procedimientos más rápidos y el uso de herramientas electrónicas. A pesar de las aclaraciones, la designación de una profesional con menos de un año de ejercicio para una tarea de alta complejidad legislativa continúa siendo un punto de debate.

Análisis político

La estrategia del Ministerio de Justicia refleja una gestión de recursos limitada, donde la falta de presupuesto para difusión obliga a la autoridad a maximizar el uso de su personal de gabinete para tareas de articulación política. Al asignar a una asesora joven labores de coordinación, el ministro Rabat intenta mantener el impulso legislativo de una reforma estancada, aunque esta decisión expone al gobierno a cuestionamientos sobre la idoneidad y experiencia requerida para proyectos de envergadura nacional. En este evento, el gobierno pierde capital político al verse obligado a realizar control de daños y aclarar públicamente las funciones de sus asesores, lo que distrae la atención del contenido técnico de la reforma. Por otro lado, la oposición y los críticos aprovechan la narrativa de la "falta de experiencia" para cuestionar la gestión ministerial, mientras que el Ejecutivo intenta construir una narrativa de eficiencia administrativa, separando la gestión operativa de la responsabilidad política y técnica que, según aseguran, permanece en manos de los cuadros más experimentados de la cartera.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, designó a la abogada Trinidad Zegers Domínguez para coordinar la Reforma Procesal Civil, un proyecto legislativo estancado en el Congreso desde 2012. Zegers, quien juró como abogada en abril de 2026, se desempeña como asesora de gabinete en la cartera ministerial. Su nombramiento busca reactivar la modernización del sistema judicial, que pretende reemplazar el Código de Procedimiento Civil vigente desde 1903. La designación generó cuestionamientos en sectores políticos debido a la corta trayectoria profesional de la abogada, quien cuenta con menos de cinco meses de ejercicio legal. Ante las críticas, el Ministerio de Justicia aclaró que Zegers no es la responsable del diseño técnico ni intelectual de la reforma. Según la cartera, esa labor recae directamente en el ministro Rabat y en la jefa jurídica, Pilar Hazbún, mientras que la asesora se encargará de labores logísticas y de coordinación. El proyecto, que busca implementar herramientas digitales y agilizar el cobro de deudas de menor cuantía, fue aprobado en general por el Senado en 2021. La administración actual sostiene que la reorganización de funciones responde a la falta de presupuesto para promocionar la iniciativa. Zegers, quien pasó de un contrato a honorarios a uno a contrata con una remuneración cercana a los dos millones de pesos, deberá gestionar las actividades necesarias para impulsar el avance legislativo.

Análisis político

La estrategia del Ministerio de Justicia refleja una gestión de recursos limitada, donde el Ejecutivo intenta reactivar una agenda legislativa estancada mediante la reasignación de funciones internas en lugar de nuevas contrataciones externas. La designación de una figura con poca experiencia para una tarea de alta complejidad técnica expone al Gobierno a críticas sobre la idoneidad de sus equipos, permitiendo que la oposición cuestione la seriedad con la que se aborda una reforma estructural del sistema judicial. En este escenario, el Gobierno pierde capital político al quedar en una posición defensiva, obligándose a aclarar que la abogada no lidera el contenido técnico del proyecto para mitigar el impacto mediático. Por otro lado, la narrativa se divide entre la visión oficialista, que presenta el nombramiento como una medida pragmática y eficiente ante la falta de presupuesto, y la visión crítica, que utiliza la inexperiencia de la asesora para cuestionar la capacidad de gestión del Ministerio de Justicia en temas de relevancia nacional.