El juez cuarto de Ejecución de Penas de Pasto otorgó la libertad condicional a Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El sentenciado, quien cumplía una condena de 58 meses y 19 días por concierto para delinquir y peculado, deberá cumplir un periodo de prueba de 35 meses y 15 días. Esta decisión judicial se fundamentó en su buen comportamiento y en la redención de pena mediante actividades de estudio y trabajo durante su reclusión. Rodríguez Melo fue el primer condenado en el escándalo de corrupción que involucró el direccionamiento de contratos para la adquisición de carrotanques destinados a La Guajira. El exfuncionario admitió haber recibido dádivas por mil millones de pesos a cambio de favorecer a contratistas específicos en la entidad. Como parte de su preacuerdo con la Fiscalía, se comprometió a reintegrar el dinero ilícito, habiendo restituido ya la mitad del monto total. La libertad del exasesor no implica el fin de su participación en los procesos judiciales, pues mantiene su rol como testigo clave para la Fiscalía. Su testimonio es fundamental en las investigaciones contra otros exdirectivos de la UNGRD y funcionarios públicos vinculados al entramado de corrupción. La defensa de algunos implicados ha cuestionado la credibilidad de sus declaraciones, lo que añade tensión a los procesos penales en curso.

Análisis político

La estrategia judicial se centra en el uso de testigos colaboradores para desmantelar estructuras de corrupción desde adentro, priorizando la obtención de información sobre altos funcionarios a cambio de beneficios penales. Esta dinámica genera una tensión política constante, donde la libertad de un condenado es vista por la Fiscalía como un avance en la eficacia investigativa, mientras que las defensas de los implicados intentan invalidar el testimonio del colaborador para debilitar el caso. En este escenario, la Fiscalía gana capacidad de maniobra al asegurar la cooperación de un testigo que conoce los detalles operativos del desfalco, mientras que los sectores políticos señalados por Rodríguez Melo pierden terreno al verse expuestos a revelaciones judiciales. La narrativa se construye bajo una polarización entre quienes ven en estas libertades una justicia negociada y quienes la consideran una herramienta necesaria para alcanzar a los responsables de mayor jerarquía en el entramado de corrupción.