La bancada del Centro Democrático radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca modificar 14 artículos de la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa, liderada por los senadores Claudia Margarita Zuleta, Andrés Forero y Zandra Bernal, propone eliminar la obligatoriedad de cotizar en Colpensiones hasta los 2,3 salarios mínimos. El objetivo central es permitir que los trabajadores elijan libremente si sus aportes son administrados por el régimen público o por fondos privados, manteniendo el umbral de cotización pero eliminando el monopolio estatal sobre este segmento. Los autores del proyecto argumentan que la reforma vigente pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema, estimando un déficit de 470 billones de pesos y el posible agotamiento del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo hacia 2070. La propuesta busca proteger el ahorro individual como patrimonio de los trabajadores y establecer nuevas alternativas para quienes no cumplen los requisitos de pensión, permitiéndoles optar por la devolución de saldos, indemnizaciones o mensualidades vitalicias. Los congresistas enfatizan que no pretenden desmontar el sistema de pilares ni eliminar la solidaridad con la población vulnerable, sino corregir lo que consideran fallas estructurales de la ley actual. El gobierno de Abelardo De La Espriella aún no ha fijado una postura oficial frente a esta contrarreforma, aunque enfrenta presiones presupuestales por el financiamiento de las mesadas actuales. Mientras tanto, la entrada en vigor de la reforma pensional de 2024 sigue programada para el 1 de abril de 2027, sujeta a decisiones de la Corte Constitucional sobre vicios de trámite. La propuesta del Centro Democrático abre un nuevo debate legislativo sobre la competencia entre administradoras y la gestión de los recursos pensionales a largo plazo.

Análisis político

La estrategia del Centro Democrático se centra en capitalizar el descontento técnico y político frente a la reforma del gobierno anterior, utilizando el concepto de 'libertad de elección' como eje narrativo para atraer a los sectores que desconfían de la administración estatal de los ahorros. Al presentar la iniciativa como una 'corrección' y no como una derogación total, el partido busca legitimidad técnica y evita el desgaste de oponerse a los componentes sociales del sistema, posicionándose como el defensor de la sostenibilidad fiscal y la propiedad privada del ahorro. En este escenario, el Centro Democrático gana protagonismo en la agenda legislativa al forzar al gobierno actual a definirse sobre un tema sensible, mientras que el oficialismo pierde el control exclusivo de la narrativa sobre el futuro pensional. La construcción de la narrativa opositora se basa en la advertencia de una crisis financiera futura, trasladando la responsabilidad de la sostenibilidad a las decisiones del gobierno anterior, lo que permite al partido proponente diferenciarse claramente en el debate público de cara a los próximos ciclos políticos.

El Centro Democrático radicó formalmente en el Congreso un proyecto de ley que busca modificar 14 artículos de la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional impulsada por el gobierno anterior. La iniciativa, liderada por los senadores Claudia Margarita Zuleta, Andrés Forero y Zandra Bernal, propone eliminar la obligatoriedad de cotizar en Colpensiones hasta el umbral de 2,3 salarios mínimos. El objetivo central es permitir que los trabajadores elijan libremente si sus aportes son administrados por el régimen público o por fondos privados, manteniendo la estructura de pilares vigente. La propuesta incluye mecanismos para que los afiliados puedan trasladarse entre administradoras cada cinco años, independientemente de su edad, siempre que cumplan con la doble asesoría obligatoria. Asimismo, el proyecto establece alternativas para quienes no logran cumplir los requisitos de pensión, permitiéndoles optar por la devolución de saldos, indemnizaciones sustitutivas o rentas vitalicias. Los autores argumentan que estas medidas son necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, reducir el déficit proyectado y proteger el ahorro nacional frente a las restricciones impuestas por la ley actual. El gobierno de Abelardo De La Espriella aún no ha fijado una postura oficial frente a la iniciativa, aunque se enfrenta a presiones presupuestales por el financiamiento de las mesadas actuales. Mientras tanto, la entrada en vigor de la reforma original sigue programada para el 1 de abril de 2027, sujeta a las decisiones de la Corte Constitucional sobre el trámite legislativo. La contrarreforma busca corregir lo que el partido opositor considera inconveniencias estructurales, sin desmantelar el sistema de pilares ni afectar los beneficios del programa Colombia Mayor.

Análisis político

La estrategia del Centro Democrático se centra en capitalizar el descontento técnico y político sobre la sostenibilidad del sistema pensional, posicionándose como un actor que 'construye sobre lo construido' para evitar el colapso financiero. Al evitar el término 'derogación' y enfocarse en la 'libertad de elección', el partido busca atraer a un electorado preocupado por la propiedad privada de sus ahorros y la eficiencia del gasto público, diferenciándose claramente de la narrativa del gobierno anterior que priorizaba la centralización en Colpensiones. En este escenario, el Centro Democrático gana terreno al liderar la agenda legislativa en un tema sensible, obligando al gobierno actual a definir su posición frente a una crisis de financiación que ya reporta faltantes presupuestales. Por su parte, el gobierno pierde margen de maniobra al verse presionado por una propuesta que, bajo un discurso de austeridad, podría encontrar respaldo en sectores que temen por la viabilidad del sistema a largo plazo. La construcción de narrativas se divide entre la defensa de la solidaridad estatal y la protección del ahorro individual como motor de estabilidad económica.

El Centro Democrático radicó formalmente en el Congreso un proyecto de ley denominado contrarreforma pensional, con el objetivo de modificar 14 artículos de la Ley 2381 de 2024. La iniciativa busca eliminar la obligatoriedad de cotizar en Colpensiones para quienes devengan hasta 2,3 salarios mínimos, permitiendo que los trabajadores elijan libremente entre el régimen público y los fondos privados. Los autores del proyecto sostienen que esta medida es necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y evitar un déficit proyectado de 470 billones de pesos.

Análisis político

La estrategia del Centro Democrático se centra en capitalizar el descontento técnico y financiero sobre la reforma del gobierno anterior, presentándose como una fuerza que 'construye sobre lo construido' para corregir errores sin desmantelar el sistema de pilares. Al proponer la libertad de elección, el partido busca atraer a sectores de la clase media y trabajadores que valoran la propiedad privada de sus ahorros, mientras intenta desgastar la narrativa de eficiencia del actual gobierno al señalar las dificultades presupuestales de Colpensiones. En este escenario, el Centro Democrático gana terreno en la agenda legislativa al posicionar un debate técnico que pone a prueba la capacidad de gestión del gobierno de Abelardo De La Espriella. El gobierno pierde margen de maniobra, pues debe decidir si respalda una propuesta que corrige fallas financieras evidentes o si se mantiene firme en la defensa de una ley que ya enfrenta cuestionamientos por su sostenibilidad y los recientes vicios de trámite subsanados en la Cámara.

La bancada del Centro Democrático radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca modificar la reforma pensional vigente, Ley 2381 de 2024. La iniciativa, liderada por los senadores Andrés Forero, Claudia Margarita Zuleta, Zandra Bernal y Juan Felipe Corzo, propone eliminar la obligatoriedad de cotizar en Colpensiones para quienes devengan hasta 2,3 salarios mínimos. El texto plantea que los trabajadores puedan elegir libremente entre el régimen público y los fondos privados, permitiendo traslados entre administradoras cada cinco años. El proyecto se compone de 17 artículos que, además de la elección de administrador, establecen nuevas reglas para el manejo del ahorro individual y la protección de los recursos. Se propone que las cuentas individuales funcionen como un patrimonio autónomo separado de las entidades administradoras y se definen alternativas para quienes no logren cumplir los requisitos de pensión, incluyendo la devolución de saldos o rentas vitalicias. Los autores enfatizaron que la propuesta mantiene el pilar solidario y la estructura general del sistema, enfocándose en corregir aspectos que consideran inconvenientes para el ahorro nacional. Esta radicación ocurre en un momento en que la Cámara de Representantes aún debe resolver vicios de trámite en la reforma original por orden de la Corte Constitucional. Los promotores argumentan que el modelo actual incrementaría el déficit fiscal y limitaría las opciones de los ciudadanos, por lo que buscan introducir cambios estructurales antes de la entrada en vigencia plena del sistema. La propuesta deberá surtir su propio proceso legislativo en comisiones y plenarias para convertirse en ley, enfrentando un escenario político complejo frente a los sectores que respaldaron la reforma del Gobierno Petro.

Análisis político

La estrategia del Centro Democrático se centra en capitalizar el descontento técnico y político sobre la sostenibilidad del sistema pensional, utilizando la narrativa de la 'libertad de elección' como eje central para confrontar el modelo de pilares del Gobierno. Al presentar una 'contrarreforma' que mantiene elementos sociales pero revierte la centralización de los aportes, el partido busca posicionarse como una fuerza propositiva que corrige errores sin desmantelar la protección a la población vulnerable, intentando atraer a los sectores que temen por la propiedad de sus ahorros. En este pulso, el Centro Democrático gana visibilidad y capacidad de control político al obligar al Gobierno a defender la viabilidad financiera de su reforma ante la opinión pública. Por su parte, el Gobierno pierde el control exclusivo de la narrativa sobre el sistema pensional, viéndose forzado a gestionar una nueva discusión legislativa mientras intenta subsanar los vicios de trámite previos. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo defiende la solidaridad y la cobertura, la oposición construye un relato basado en la propiedad privada, la eficiencia del mercado y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.