Juan Carlos Suárez Ortiz, sentenciado a 37 años y seis meses de prisión por el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno, ofreció declaraciones públicas desde la cárcel La Picota al cumplirse un año del crimen. El condenado pidió perdón a la familia de la víctima y a la Universidad de los Andes, argumentando que su intención no era causar la muerte del joven. Suárez relató que su agresión fue motivada por información recibida sobre un supuesto abuso sexual cometido por la víctima, lo que lo llevó a confrontarlo físicamente en la madrugada del 31 de octubre de 2025. La madre de la víctima, Mónica Jaramillo Buitrago, expresó el impacto devastador que el asesinato ha tenido en su vida familiar y destacó la importancia de que la fecha no sea motivo de violencia. Jaramillo recordó los últimos momentos de su hijo y agradeció el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación durante el proceso judicial. La familia mantiene un altar en su memoria y aboga por la justicia ante la pérdida de un joven que destacaba en sus estudios de ingeniería y en el ajedrez. La Fiscalía General de la Nación avanza en la búsqueda de Kleidymar Paola Fernández, alias 'Kitana', quien es señalada como determinadora del homicidio y cuenta con circular roja de Interpol. Las autoridades presumen que la mujer se encuentra en Venezuela y buscan declararla persona ausente para avanzar en su juicio. Mientras tanto, tanto la defensa como la Fiscalía han apelado la sentencia inicial, buscando que la pena contra los condenados sea incrementada a 45 años de prisión.

Análisis político

La estrategia de comunicación de Juan Carlos Suárez busca humanizar su figura mediante el arrepentimiento público y el traslado de la responsabilidad hacia terceros, específicamente hacia Kleidymar Paola Fernández, a quien señala como instigadora. Esta narrativa intenta mitigar la percepción de premeditación, aunque choca con las pruebas judiciales que establecieron una actuación consciente y conjunta de los agresores. La familia de la víctima y la Fiscalía construyen una narrativa de justicia institucional, enfocada en la condena ejemplar y la persecución de los prófugos. En este escenario, la familia gana un cierre parcial con la sentencia, mientras que la Fiscalía fortalece su legitimidad al demostrar capacidad de respuesta ante un caso de alto impacto mediático. La figura de 'Kitana' se convierte en el elemento central de la disputa narrativa, siendo utilizada por el condenado para desviar culpas y por el Estado para demostrar la continuidad de la acción judicial.