El Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó el registro sanitario de Picmagluti, el primer medicamento genérico de semaglutida de síntesis química en Chile. Este fármaco, desarrollado por Dr. Reddy’s Laboratories, contiene el mismo principio activo que el Ozempic original y se espera que su precio sea inferior a la mitad del costo actual del medicamento de referencia. La medida busca ampliar el acceso a tratamientos para la diabetes tipo 2 y el control de peso, dada la alta prevalencia de obesidad en la población chilena. La directora del ISP, Catterina Ferreccio, enfatizó que la aprobación prioriza la seguridad y calidad del producto, descartando procesos simplificados debido a la naturaleza química del fármaco. El organismo regulador mantiene bajo evaluación otras cinco alternativas de semaglutida sintética presentadas por diversos laboratorios, sumando un total de 11 solicitudes de registro sanitario. El avance de estas autorizaciones depende estrictamente de la entrega oportuna de antecedentes técnicos, como estudios de estabilidad y eficacia, por parte de las empresas farmacéuticas. La llegada de esta alternativa marca un hito en el mercado farmacéutico nacional, donde las ventas de estos medicamentos han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Mientras el Ozempic original se clasifica como un producto biológico, la nueva categoría de síntesis química abre una competencia que podría impactar los precios finales para los pacientes. El ISP aclaró que la autorización no garantiza disponibilidad inmediata en farmacias ni establece un precio fijo, pero representa un avance en la diversificación de la oferta terapéutica.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la gestión de la crisis de acceso a medicamentos de alto costo, donde el regulador busca equilibrar la presión ciudadana por precios más bajos con la rigurosidad técnica necesaria para garantizar la salud pública. Al posicionar a Chile como un pionero regional en la aprobación de semaglutidas sintéticas, el Gobierno y el ISP construyen una narrativa de eficiencia administrativa y preocupación por el bienestar de los pacientes, intentando mitigar el impacto político de los elevados precios en el mercado farmacéutico. En este escenario, los pacientes y el sistema público de salud emergen como los principales ganadores al diversificarse la oferta y proyectarse una reducción en los costos de los tratamientos. Por el contrario, el laboratorio titular del medicamento original pierde su posición de exclusividad en el mercado, enfrentando una competencia directa que desafía su modelo de precios. La narrativa se divide entre la urgencia social por el acceso asequible y la cautela técnica del regulador, que utiliza la exigencia de estándares de seguridad como un escudo frente a posibles críticas por la celeridad del proceso.