Impulsan Ley Mariana para eliminar prescripción en delitos de homicidio, femicidio y parricidio
Resumen
La familia de Mariana Sepúlveda, junto al diputado Javier Muñoz, presentó un proyecto de ley para eliminar la prescripción en delitos de homicidio, femicidio y parricidio. Esta iniciativa surge tras el sobreseimiento de Ghislain Quiroz, quien confesó el asesinato de la joven ocurrido en 2008, pero quedó en libertad debido al vencimiento de los plazos legales. La propuesta busca que el paso del tiempo no impida la persecución penal en crímenes de alta gravedad contra la vida.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, recibió a la familia y comprometió apoyo jurídico y psicosocial a través del SernamEG. El Ejecutivo se comprometió a revisar y socializar la propuesta legislativa, mientras el diputado Muñoz enfatizó la necesidad de otorgar urgencia al proyecto para su pronta discusión en el Congreso. La madre de la víctima, Marta León, destacó que el objetivo es establecer un precedente que repare a otras familias, aun cuando la ley no tendría efectos retroactivos en el caso de su hija.
Parlamentarios de diversos sectores han manifestado su respaldo a la discusión de la iniciativa, subrayando la importancia de tratar los delitos contra la vida con criterios similares a los crímenes de lesa humanidad. La propuesta cuenta con el apoyo de legisladores de distintas bancadas, quienes coinciden en que la justicia no debería tener fecha de vencimiento. La tramitación legislativa se perfila como un debate central sobre la eficacia del sistema penal frente a casos de larga data.
Análisis Político
La estrategia política observada se basa en la canalización de la indignación ciudadana ante fallos judiciales controvertidos para impulsar reformas estructurales en el Código Penal. Al utilizar un caso emblemático como catalizador, los actores políticos buscan generar un consenso transversal que presione al Ejecutivo para otorgar urgencia legislativa, transformando una tragedia personal en una agenda de seguridad pública y justicia de género.
En este escenario, la familia de la víctima y los parlamentarios impulsores ganan capital político al posicionarse como defensores de la justicia y la reparación, mientras que el Poder Judicial queda expuesto a críticas por la aplicación estricta de plazos que la opinión pública percibe como impunidad. La narrativa se construye bajo la dicotomía entre la rigidez técnica de la ley actual y la demanda social de justicia permanente, obligando al Gobierno a equilibrar su respaldo institucional con las limitaciones técnicas de la retroactividad penal.
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