El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció la creación de una comisión técnica transversal para revisar el Estatuto Administrativo, con el objetivo de eliminar rigideces laborales y avanzar en el reordenamiento fiscal del Estado. La instancia, que será liderada por un economista independiente, busca entregar conclusiones antes de finalizar el año para modernizar una normativa vigente desde 1989. El titular de Hacienda enfatizó que el cambio es necesario para que el aparato estatal sea más eficiente y coherente con las necesidades actuales de la ciudadanía. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) reaccionó con rechazo, calificando el anuncio como una muestra de descoordinación interna en el Ejecutivo. El gremio argumentó que esta medida contradice los compromisos adquiridos el 20 de mayo con el Presidente José Antonio Kast, quien habría mandatado una mesa sectorial de diálogo permanente entre el gobierno y los trabajadores. La ANEF emplazó al ministro del Trabajo, Tomás Rau, y al director del Servicio Civil a aclarar su postura y defender los canales de comunicación ya establecidos. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, evitó escalar la confrontación con el gremio y aseguró que la ANEF será escuchada durante el proceso, subrayando el carácter técnico de la comisión. Mientras sectores de oposición criticaron la desprolijidad del gobierno al ignorar las mesas de trabajo previas, parlamentarios oficialistas defendieron la necesidad de modernizar el Estado para mejorar los mecanismos de control y evaluación de desempeño. La disputa refleja una tensión latente sobre si la modernización estatal debe priorizar la eficiencia fiscal o la protección de la carrera funcionaria.

Análisis político

La estrategia del Ministerio de Hacienda busca imponer una narrativa de eficiencia técnica y responsabilidad fiscal, utilizando la modernización del Estado como una herramienta para el reordenamiento de las cuentas públicas. Al externalizar el diagnóstico en una comisión de expertos independientes, el gobierno intenta blindar la propuesta frente a la presión de los gremios, aunque esta táctica genera un costo político inmediato al fracturar la interlocución con los trabajadores públicos y evidenciar una falta de cohesión en el gabinete. En este escenario, el gobierno pierde capital político al exponer una descoordinación interna que debilita su autoridad ante los sindicatos, mientras que la ANEF gana terreno al posicionarse como un actor que defiende el diálogo institucional frente a la imposición técnica. La narrativa del gobierno se construye sobre la idea de un Estado rígido que requiere ajustes estructurales, mientras que la ANEF contrapone una visión de fortalecimiento de capacidades públicas, utilizando datos comparativos de la OCDE para rechazar cualquier intento de precarización laboral.