El ministro de Vivienda, Iván Poduje, solicitó la renuncia del seremi de la cartera en Antofagasta, Jorge Olivares, tras detectar graves falencias en la gestión del convenio habitacional suscrito con el Gobierno Regional. La controversia se originó cuando el Serviu informó una reducción de 8.733 a 3.268 soluciones habitacionales proyectadas para el periodo 2023-2028. Esta decisión administrativa fue calificada por el secretario de Estado como una medida necesaria ante la incapacidad de ejecutar los recursos comprometidos. El gobernador regional, Ricardo Díaz, manifestó su rechazo ante la reducción de más de 5 mil viviendas y anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República para esclarecer la situación. Por su parte, el exseremi Olivares argumentó que su presentación buscaba transparentar la capacidad de financiamiento real de los proyectos, sin que esto implicara la cancelación definitiva de las viviendas restantes. La subrogancia del cargo fue asumida por Marietta Méndez, jefa del Departamento de Desarrollo Urbano, mientras el ministro Poduje anunció una visita a la zona para resolver los problemas del convenio. Este evento se enmarca en un contexto de alta rotación de autoridades gubernamentales, sumando 36 seremis removidos o renunciados en los primeros seis meses de la administración del presidente José Antonio Kast. La salida de Olivares ha generado reacciones políticas, incluyendo la solicitud del diputado Jaime Araya para que el Ejecutivo ratifique los compromisos habitacionales originales. El ministro Poduje ha enfatizado que la remoción responde a criterios de eficiencia, señalando que cualquier autoridad que no cumpla con sus funciones debe dejar su puesto.

Análisis político

La estrategia política observada es la de una administración central que busca proyectar una imagen de rigor técnico y control de gestión frente a crisis regionales. Al adoptar un discurso de 'cero tolerancia' con el desempeño deficiente, el ministro Poduje intenta desmarcarse de las irregularidades administrativas, trasladando la responsabilidad política hacia los niveles regionales. Esta narrativa busca evitar que el desgaste por la falta de ejecución habitacional afecte la imagen del Ejecutivo, presentándolo como un ente fiscalizador que actúa con prontitud ante las fallas. El Gobierno gana al intentar cerrar rápidamente una crisis que amenazaba con escalar hacia una disputa legal con el Gobierno Regional, aunque pierde al evidenciar una alta inestabilidad en sus equipos ministeriales. Por otro lado, el gobernador Ricardo Díaz utiliza el evento para posicionarse como un defensor de los intereses regionales frente al centralismo, construyendo una narrativa de desconfianza hacia la gestión del Serviu. La tensión entre ambos niveles de gobierno refleja una disputa por la responsabilidad política de los compromisos habitacionales incumplidos.