Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay este jueves, en medio de una profunda crisis institucional provocada por la intervención del Banco Central al Ueno Bank. La entidad financiera, que gestionaba fondos públicos y contaba con cerca de 3 millones de clientes, fue cerrada tras detectarse una insolvencia crítica y el incumplimiento de límites en préstamos a empresas relacionadas. El mandatario, quien fue accionista del grupo controlador hasta 2025, enfrentaba un inminente juicio político impulsado por el Congreso debido a sus vínculos con el banco y acusaciones de mal desempeño. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio del juicio político contra Peña, a pesar de que este ya había anunciado su dimisión mediante un mensaje público. La justicia paraguaya ordenó además la prisión preventiva para el CEO de Ueno Bank, Miguel Vázquez, y otros cinco altos directivos, bajo cargos de lesión de confianza y tentativa de estafa. La crisis también forzó la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien anteriormente había dirigido la financiera que dio origen al banco intervenido. En Chile, la situación generó repercusiones legislativas inmediatas ante la preocupación por posibles efectos en los fondos de pensiones. Un grupo de 11 senadores de oposición ofició a la Superintendencia de Pensiones para solicitar información sobre la exposición de las AFP a inversiones en el sistema financiero paraguayo. Los parlamentarios buscan determinar si los ahorros previsionales chilenos enfrentan riesgos o pérdidas tras el colapso de la entidad bancaria en el país vecino.

Análisis político

La crisis paraguaya evidencia una estrategia de supervivencia política fallida, donde el mandatario intentó contener el costo de su salida mediante una renuncia anticipada, aunque el Congreso optó por mantener el juicio político para sentar un precedente institucional. Se observa una clara fractura en la coalición gobernante, el Partido Colorado, que retiró su respaldo al presidente ante la presión social y la gravedad de las acusaciones de conflicto de intereses. El evento posiciona a la oposición como fiscalizadora de la ética pública, mientras que el oficialismo pierde el control de la narrativa al quedar vinculado a un esquema de presunta corrupción financiera. En el contexto chileno, el evento es utilizado por la oposición para instalar una narrativa de fiscalización sobre la gestión de los fondos de pensiones en mercados extranjeros. Al solicitar información a la Superintendencia, los senadores construyen una estrategia de control preventivo que busca capitalizar la incertidumbre internacional para cuestionar la seguridad de las inversiones de las AFP. Gana el sector que logra instalar el tema de la transparencia y la protección del patrimonio nacional, mientras que las instituciones reguladoras y las administradoras pierden terreno al verse obligadas a rendir cuentas ante un escenario de inestabilidad externa.