Gobierno solicita renuncia de delegado de Chañaral por ocupación ilegal de terreno fiscalActualizado · hace 36 días
Resumen
El Gobierno solicitó la renuncia del delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola Aranda, tras un dictamen de la Contraloría Regional de Atacama. El organismo fiscalizador acreditó que la exautoridad mantuvo durante 16 años la ocupación ilegal de un inmueble fiscal de 1.000 metros cuadrados en el sector de Portofino, donde instaló una construcción de material ligero. La Contraloría determinó que esta conducta vulneró el principio de probidad administrativa, agravada por el hecho de que el cargo de delegado incluye la facultad de fiscalizar y exigir la restitución de terrenos estatales.
La investigación se originó a partir de una denuncia reservada que fue corroborada por la Seremi de Bienes Nacionales, entidad que ya había detectado la irregularidad en un catastro de 2019 y en una fiscalización reciente en junio de 2026. Además de la salida de Urrejola, el Ejecutivo instruyó el inicio de un procedimiento disciplinario y el desalojo del inmueble, junto con el cobro retroactivo por el uso del terreno. El Ministerio del Interior designó al seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fernando Flores Fredes, como subrogante mientras se define al sucesor definitivo.
Este caso se suma a una serie de cuestionamientos administrativos que enfrenta la gestión de Urrejola, incluyendo una investigación por la presunta contratación irregular de una familiar de su pareja en la delegación. La salida del funcionario representa el movimiento número 43 en cargos de exclusiva confianza dentro de la administración del Presidente José Antonio Kast en sus primeros cinco meses de mandato. El Ejecutivo enfatizó que la probidad y la ética pública son valores intransigibles para sus representantes.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno frente a este evento busca contener el desgaste político mediante una respuesta rápida y alineada con los estándares de probidad, intentando desmarcarse de la conducta individual del funcionario. Al aceptar la renuncia y ordenar procedimientos disciplinarios, el Ejecutivo intenta cerrar un foco de conflicto que afecta su narrativa de transparencia, aunque la alta cifra de cambios en cargos de confianza (43 en cinco meses) sugiere una fragilidad estructural en la selección de sus cuadros territoriales.
El gran perdedor es la administración central, que ve cómo su capital político se erosiona por la falta de control sobre sus representantes regionales, mientras que la oposición y los organismos fiscalizadores ganan terreno al demostrar eficacia en la detección de irregularidades. La construcción de la narrativa oficial se centra en la rectitud institucional, mientras que los hechos revelan una desconexión entre el discurso de ética pública y la realidad de las prácticas de sus autoridades en regiones.
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