El subsecretario de Justicia, Luis Silva, fue removido de su cargo por el Presidente José Antonio Kast tras difundir un video en redes sociales sin autorización del Ejecutivo. En dicho registro, Silva explicaba su participación en la firma de decretos que rebajaron penas a condenados por delitos sexuales, atribuyendo la decisión al criterio del ministro Fernando Rabat. La Moneda calificó la acción como una imprudencia temeraria y un quiebre de confianza, enfatizando que la salida no responde a la firma de los decretos, sino a la falta de coordinación interna. La controversia se intensificó debido a que el video fue interpretado por sectores del oficialismo como un intento de deslinde de responsabilidades por parte de Silva, dejando expuesto al ministro Rabat. El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, aclaró que el diseño comunicacional establecía que solo el titular de Justicia debía abordar la crisis. Ante la vacante, el Ejecutivo nombró a la abogada Josefina Soto Larreátegui como nueva subsecretaria de la cartera. La oposición y figuras del oficialismo han señalado que la remoción de Silva no cierra la crisis política que enfrenta el Gobierno por las rebajas de condenas. Mientras el Ejecutivo defiende la continuidad de Rabat y sostiene que el ministro cuenta con la confianza presidencial, se mantiene la amenaza de una acusación constitucional en su contra. El Gobierno insiste en que el foco debe permanecer en la corrección de los errores administrativos y la atención a las víctimas.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se centra en contener el daño reputacional mediante la rápida desvinculación de un actor que rompió la disciplina de equipo, buscando aislar la crisis comunicacional de la responsabilidad política de fondo. Al sacrificar al subsecretario, el Gobierno intenta blindar al ministro Rabat, utilizando la narrativa de la lealtad institucional para deslegitimar cualquier intento de desmarque individual. Esta maniobra busca evitar que la crisis escale hacia una fractura mayor dentro de la coalición, aunque el costo es la exposición de una falta de coordinación interna que la oposición aprovecha para cuestionar la conducción política del Presidente Kast. En este escenario, el Gobierno pierde control sobre la agenda al quedar a la defensiva frente a una posible acusación constitucional, mientras que la oposición gana terreno al instalar un relato de negligencia en la gestión de justicia. La construcción de narrativas es divergente: el Ejecutivo presenta la salida de Silva como una medida de orden y rigor ante una falta grave, mientras que sus críticos la interpretan como un intento de cortar por el hilo más delgado para proteger a las autoridades superiores. La permanencia de Rabat se convierte así en el nuevo eje de conflicto, donde la lealtad a la Constitución y el coraje moral son los argumentos esgrimidos por el oficialismo frente a la presión parlamentaria.