Gobierno propone prohibir publicidad y bonos en plataformas de apuestas online
Resumen
El Ejecutivo ingresó indicaciones al proyecto de ley que regula las apuestas en línea, estableciendo una prohibición total de publicidad y bonos promocionales para captar usuarios. La iniciativa, presentada ante la Comisión de Economía del Senado, busca proteger a menores de edad, prevenir la ludopatía y asegurar el orden público. El documento de 114 páginas también contempla un impuesto del 19% de IVA más un 3% adicional, junto con requisitos de autenticación biométrica para los apostadores.
Las agrupaciones del sector, aPAL e iGaming Responsable, valoraron los avances en materia de juego responsable y prevención, pero cuestionaron duramente las restricciones publicitarias. Según los gremios, la prohibición absoluta impide que los usuarios distingan entre plataformas reguladas y el mercado ilegal. Argumentan que, sin capacidad de promoción, las empresas autorizadas pierden competitividad frente a la oferta clandestina, lo que dejaría a los jugadores sin las garantías de protección estatal.
El proyecto establece un régimen transitorio para que las plataformas regularicen su situación mediante el pago de 3.000 UTM y la regularización de impuestos adeudados. Las licencias definitivas tendrán una duración de cinco años con un costo anual de 1.000 UTM. Además, se prohíbe apostar a deportistas y directivos en sus propias disciplinas, mientras que los casinos físicos podrán integrar apuestas online en sus salas bajo estrictas condiciones de homologación.
Análisis Político
La estrategia del Ejecutivo se centra en una política de control estricto y desincentivo del mercado de apuestas, priorizando la salud pública y la protección de menores sobre la libertad comercial de la industria. Al proponer una prohibición total de la publicidad, el Gobierno busca desarticular la normalización social de las apuestas, trasladando el costo de la regulación a las empresas mediante impuestos y exigencias técnicas, mientras intenta cerrar el paso a operadores que han operado sin licencia en el último año.
En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante sectores preocupados por la ludopatía y la protección de la infancia, pero se enfrenta a un conflicto con la industria y los medios de comunicación que dependen de esta publicidad. La narrativa del Ejecutivo se construye bajo el concepto de 'orden público' y 'protección', mientras que la industria intenta instalar la narrativa de la 'competitividad' y la 'seguridad del usuario', advirtiendo que una regulación excesiva podría fortalecer involuntariamente el mercado negro que el Estado pretende erradicar.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
Sesgo mediático
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