Gobierno enfrenta críticas por rebaja de condenas a 56 condenados por delitos sexuales
Resumen
El Ministerio de Justicia otorgó rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, argumentando que el Ejecutivo debe cumplir con sentencias ejecutoriadas y fallos previos de la Corte Suprema. El ministro Fernando Rabat sostuvo que gran parte de los beneficiados ya se encuentran en libertad, aunque admitió no haber revisado cada caso individualmente. La autoridad enfatizó que estas decisiones se basan en criterios técnico-jurídicos y no en una voluntad política de favorecer a los condenados.
La oposición y exautoridades de la cartera han cuestionado duramente la gestión, señalando que el ministro debió impugnar las solicitudes ante los tribunales en lugar de concederlas directamente. Exministros de Justicia recordaron que en administraciones anteriores se optó por rechazar beneficios similares para forzar una resolución judicial, criticando el uso selectivo de la jurisprudencia por parte del actual titular. El Gobierno, por su parte, ha defendido su actuación como un cumplimiento estricto de la ley vigente y la Constitución.
Ante la controversia, el Ejecutivo anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos y la presentación de un proyecto de ley con discusión inmediata. Esta iniciativa busca modificar las condiciones para otorgar rebajas de pena, incorporando la participación de las víctimas y sometiendo las solicitudes a una revisión judicial obligatoria. Mientras tanto, el ministro Rabat ha descartado presentar su renuncia, reafirmando su compromiso con el mandato presidencial.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en la defensa técnica bajo el principio de legalidad, intentando despolitizar una medida que ha generado un alto costo reputacional. Al invocar fallos previos de la Corte Suprema, el Ejecutivo busca trasladar la responsabilidad de la decisión al Poder Judicial, intentando blindar al ministro de Justicia frente a las críticas por la liberación de agresores sexuales. Sin embargo, esta postura choca con la narrativa de la oposición, que utiliza el evento para cuestionar la coherencia del discurso de 'mano dura' del oficialismo, construyendo una imagen de contradicción entre la retórica de seguridad y la gestión administrativa de las penas.
En este escenario, el Gobierno pierde capital político al quedar expuesto a acusaciones de negligencia o falta de supervisión, mientras que la oposición gana terreno al capitalizar el rechazo social hacia los delitos contra menores. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Ejecutivo se presenta como un actor que respeta el Estado de Derecho y la institucionalidad, sus críticos lo posicionan como un ente que, mediante la inacción o la conveniencia, facilita la impunidad. La urgencia legislativa aparece como la única vía de salida para intentar cerrar la crisis y recuperar el control de la agenda pública.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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