Gobierno defiende cifras de robos violentos tras cuestionamientos de Gabriel Boric
Resumen
El expresidente Gabriel Boric generó una controversia política al difundir en redes sociales un informe que califica como falsa la cifra de 218.000 robos violentos mencionada por el presidente José Antonio Kast en su reciente cadena nacional. El exmandatario, quien también ha mantenido una presencia pública activa recorriendo comunas como San Ramón, respaldó un análisis que sitúa los robos violentos en 69.777 para el año 2025. Esta intervención provocó que el oficialismo acusara a Boric de romper la tradición republicana y de actuar como un comentarista político en lugar de un exjefe de Estado.
Ante el emplazamiento, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la veracidad de los datos presidenciales argumentando que la cifra de 218.000 corresponde a una categoría agregada que incluye delitos contra la integridad física, robos con violencia, robos de vehículos, robos por sorpresa y delitos asociados a armas. Pavez evitó responder directamente a las críticas personales contra el exmandatario, enfocándose en la metodología utilizada por el Ministerio de Seguridad para justificar el cálculo presentado en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
La disputa escaló al ámbito administrativo, donde el abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República por una supuesta vulneración al principio de probidad. Mientras el Gobierno sostiene que la cifra es una precisión técnica válida, diversos parlamentarios oficialistas han criticado la actitud de Boric, calificándola de mezquina y señalando que debería contribuir al debate con autocrítica sobre su propia gestión en lugar de enfocarse en cuestionar las cifras de la actual administración.
Análisis Político
Se observa una estrategia de polarización donde el expresidente Boric utiliza las redes sociales para ejercer un rol de fiscalizador externo, buscando deslegitimar la narrativa de seguridad del actual Gobierno. Por su parte, el Ejecutivo emplea una táctica de defensa técnica, intentando reencuadrar la discusión hacia la gestión de la agenda ACOT, mientras sus parlamentarios despliegan una narrativa que busca inhabilitar a Boric apelando a la 'tradición republicana' y a su derrota electoral previa.
En este evento, el Gobierno pierde al quedar expuesto a una denuncia ante la Contraloría y a la necesidad de explicar metodologías complejas para validar sus cifras, lo que debilita la contundencia de su mensaje en cadena nacional. Boric, aunque mantiene su influencia en su base, corre el riesgo de desgastar su figura ante sectores moderados que perciben su intervención como una falta de altura institucional, consolidando una narrativa de confrontación permanente que beneficia la polarización del sistema político chileno.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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