La ministra del Deporte, Natalia Duco, fue removida de su cargo tras 156 días de gestión, convirtiéndose en la baja número 42 del gobierno de José Antonio Kast. Su salida se precipitó tras la difusión de un video que desmintió la versión oficial del Ministerio, el cual aseguraba que el uso de un vehículo fiscal el pasado 23 de abril correspondía a una reunión de trabajo, cuando en realidad se trataba de una celebración con asado y karaoke. Junto a ella, también fue removido el subsecretario Andrés Otero, con quien mantenía una relación laboral quebrada. El periodo de Duco estuvo marcado por una serie de controversias que erosionaron su capital político y su evaluación pública. Entre los hechos más cuestionados figuran la recepción de la Beca Proddar durante periodos de inactividad por lesiones, la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026, y declaraciones polémicas sobre la indumentaria de los deportistas. Además, la exministra enfrentaba críticas por la gestión del Estadio Nacional para conciertos y una investigación en curso sobre presuntas irregularidades financieras en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El presidente Kast oficializó el cambio de gabinete en una ceremonia protocolar, calificando la situación como un error que cualquiera puede cometer y atribuyendo la falta a normas confusas. Francisco Riveros Cantuarias, exgerente de los Juegos Panamericanos, asumió la cartera con el desafío de estabilizar la gestión ministerial. La salida de Duco se concretó tras una jornada de alta tensión en La Moneda, donde la exautoridad fue notificada de su cese tras haber acudido previamente a la Contraloría para denunciar irregularidades en su sector.

Análisis político

La estrategia del gobierno de Kast frente a esta crisis se centró en el control de daños mediante una salida rápida, buscando minimizar el impacto de la mentira institucional expuesta por el video. Al calificar el hecho como un error menor derivado de normas inentendibles, el Ejecutivo intenta despolitizar la falta administrativa y evitar que el caso se convierta en un símbolo de deshonestidad o falta de probidad en su administración, protegiendo así la imagen del mandatario. En este escenario, el gran perdedor es la credibilidad del Ministerio del Deporte, que queda debilitado por la contradicción entre su defensa formal y la evidencia pública. Gana el Ejecutivo al cortar un flanco de conflicto que acumulaba desgaste, aunque la alta rotación de autoridades (42 bajas en cinco meses) sugiere una fragilidad estructural en la conformación de equipos. La narrativa del gobierno se construye desde la victimización por tecnicismos, mientras que la oposición y la opinión pública se enfocan en la falta de transparencia y el uso indebido de recursos estatales.