Gobierno de Kast registra 36 bajas de autoridades en menos de cinco meses
Resumen
La administración del Presidente José Antonio Kast enfrenta una crisis de instalación tras registrar la salida de 36 autoridades, incluyendo ministros, subsecretarios y seremis, en sus primeros 138 días de gestión. El caso más reciente es la renuncia del seremi del Trabajo de Tarapacá, Cristián Cabezas, quien enfrentaba denuncias por maltrato y acoso laboral. Esta baja se suma a la reciente remoción del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras arrojar positivo en un test de drogas, y a la salida del seremi de Salud de Magallanes por una indagatoria penal. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, ha defendido la gestión argumentando que algunas salidas responden a motivos personales, mientras que otras son decisiones políticas ante conductas incompatibles con la función pública. La alta rotación, que promedia una salida cada cuatro días, ha afectado carteras estratégicas y ha generado cuestionamientos sobre la estabilidad del equipo gubernamental. La oposición y diversos gremios, como la ANEF, han presionado por la salida de funcionarios cuestionados, mientras el Ejecutivo intenta mantener la continuidad de las políticas públicas en medio de la reestructuración constante de sus cuadros.
Análisis Político
La estrategia del gobierno se centra en una política de control de daños mediante la remoción rápida de autoridades cuestionadas para evitar el desgaste de la figura presidencial, bajo el discurso de la probidad y la intransigencia ante conductas impropias. Esta táctica busca blindar al Ejecutivo de escándalos prolongados, aunque evidencia una debilidad estructural en los procesos de selección y chequeo de antecedentes de sus cuadros técnicos y políticos. El costo político es alto, ya que la inestabilidad constante en ministerios y regiones proyecta una imagen de improvisación y falta de cohesión interna, lo que dificulta la implementación de la agenda legislativa y la gestión territorial. Quien pierde es la capacidad de ejecución del gobierno, que se ve obligada a dedicar recursos y tiempo a la gestión de crisis en lugar de avanzar en sus promesas de campaña. Por otro lado, la oposición y los gremios ganan terreno al instalar una narrativa de desgobierno y falta de rigor, utilizando cada salida como evidencia de una crisis de gestión que debilita la autoridad del Presidente Kast ante la opinión pública.
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