Gobierno cuestiona informe de Contraloría sobre esperas en urgencias hospitalariasActualizado · hace 5 días
Resumen
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que más de 143 mil pacientes de alta gravedad, incluyendo 2.417 en riesgo vital, fueron atendidos fuera de los tiempos establecidos en hospitales de la Región Metropolitana entre enero de 2024 y mayo de 2025. El documento detalla esperas de hasta 73 horas para pacientes categorizados como C1, lo que generó una fuerte reacción de parlamentarios que exigen responsabilidades y mejoras inmediatas en la gestión hospitalaria. La auditoría analizó un total de 634.587 atenciones, identificando al Hospital Sótero del Río y al Hospital Félix Bulnes como los recintos con mayor cantidad de casos fuera de estándar.
La ministra de Salud, May Chomali, calificó los resultados como difíciles de creer y sostuvo que las cifras podrían reflejar errores en el registro administrativo más que demoras reales en la atención clínica. Según la autoridad, es improbable que un paciente en riesgo vital sobreviva a una espera de 73 horas, por lo que el Ministerio de Salud ha instruido una revisión detallada de los casos para verificar la veracidad de los datos. El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, respaldó esta postura, señalando que en ocasiones el registro clínico se realiza con posterioridad a la atención efectiva del paciente.
La controversia ha puesto en el centro del debate la eficiencia del sistema público y la falta de camas disponibles, factor que según expertos y autoridades contribuye al atochamiento de las unidades de urgencia. Mientras el Ejecutivo se enfoca en auditar los registros y optimizar la gestión, sectores de la oposición han cuestionado la burocracia del sistema y la falta de capacidad resolutiva de los hospitales. La situación ha derivado en la apertura de procesos de fiscalización para determinar las causas exactas de los retrasos y la posible necesidad de implementar planes de mejora urgentes.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en la contención de daños mediante la deslegitimación técnica del informe, trasladando el foco desde una supuesta crisis de atención hacia un problema de gestión administrativa y registro. Al cuestionar la veracidad de los datos, el Ejecutivo busca evitar el costo político de una crisis de salud pública, mientras intenta mantener el control de la narrativa mediante la promesa de auditorías internas y planes de eficiencia, una táctica común para ganar tiempo frente a organismos fiscalizadores.
En este escenario, el Gobierno arriesga un desgaste mayor si las auditorías confirman las deficiencias, mientras que la oposición gana terreno al capitalizar el descontento ciudadano y la urgencia de las familias afectadas. La narrativa se construye bajo una dicotomía clara: por un lado, la Contraloría y los parlamentarios opositores presentan los datos como una evidencia de negligencia sistémica, mientras que el Ministerio de Salud intenta instalar la idea de que el sistema, aunque imperfecto, no es tan precario como sugieren las cifras, utilizando la lógica clínica para invalidar el reporte estadístico.
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