Gobierno confirma libertad de 56 condenados por delitos sexuales tras rebaja de penas
Resumen
El vocero de gobierno, Gonzalo Arenas, confirmó que las 57 personas beneficiadas con rebajas de condena durante la actual administración ya se encuentran en libertad. Esta medida, que afecta a condenados por delitos sexuales contra menores, ha generado una intensa controversia política y social. El Ejecutivo, a través del ministro de Justicia Fernando Rabat, ha anunciado que trabaja en una propuesta legislativa para limitar estas reducciones y crear tribunales de ejecución de penas, aunque admitió dificultades jurídicas para revertir las libertades ya otorgadas.
La polémica escaló cuando el gobierno intentó equiparar estas resoluciones con decretos firmados durante la administración de Gabriel Boric. El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, desmintió esta comparación argumentando que los decretos de su gestión respondían a órdenes judiciales de la Corte Suprema, mientras que los actuales fueron otorgados directamente por la autoridad administrativa. Gajardo criticó que el Ministerio de Justicia no rechazara las solicitudes de beneficio para defender esa postura ante los tribunales, práctica que, según él, se mantuvo en gobiernos anteriores.
El ministro Fernando Rabat descartó que el presidente José Antonio Kast estuviera al tanto de las resoluciones, calificando la mención al mandatario en los documentos como un tecnicismo administrativo. Ante las críticas, el gobierno ha suspendido la tramitación de nuevas solicitudes y busca implementar cambios legales para corregir el procedimiento. Por su parte, el exministro Gajardo ha exigido transparencia total, solicitando la publicación de los 56 decretos y que las autoridades asuman la responsabilidad política por el impacto en las familias de las víctimas.
Análisis Político
La estrategia del gobierno se centra en la defensa técnica de la legalidad y el cumplimiento de la normativa vigente para desviar la responsabilidad política, intentando igualar su gestión con la de administraciones previas para diluir el costo reputacional. Esta táctica busca transformar un problema de gestión administrativa en un debate sobre la interpretación de la ley, aunque el costo político es alto al ser cuestionado por la falta de una postura proactiva en la defensa de los derechos de las víctimas.
En este escenario, el gobierno pierde capital político al quedar expuesto por la concesión directa de beneficios a delincuentes sexuales, mientras que la oposición, representada por el exministro Gajardo, gana terreno al construir una narrativa de superioridad ética y procedimental. La construcción de narrativas es divergente: el oficialismo se posiciona como un ente que 'cumple la ley' a pesar de la impopularidad de los resultados, mientras que la oposición se posiciona como un actor que utiliza la discrecionalidad administrativa para proteger a la ciudadanía y a las víctimas, marcando una clara diferencia en el ejercicio del poder.
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