El Poder Judicial confirmó mediante pruebas de ADN que una mujer localizada en Argentina es Bernarda Rosalba Vera Contardo, quien figuraba oficialmente como detenida desaparecida desde 1973. El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa, comunicó a la familia que el análisis genético realizado por el Servicio Médico Legal arrojó una probabilidad de identificación superior al 99,9999%. La diligencia judicial marca un hito al cerrar la incertidumbre sobre el paradero de la exmilitante del MIR, cuya historia oficial sostenía que había sido ejecutada en el puente sobre el río Toltén. La relevancia de este hallazgo radica en la rectificación de un caso emblemático incluido en el Informe Rettig y en los registros del Museo de la Memoria. Durante más de cinco décadas, el Estado chileno mantuvo la tesis de su desaparición forzada, mientras que investigaciones periodísticas recientes revelaron que la mujer logró escapar hacia Argentina, residió en Suecia y posteriormente regresó al país trasandino. Este giro en la investigación fue posible gracias a la labor del Plan Nacional de Búsqueda y el seguimiento de antecedentes migratorios que contradijeron la versión histórica de su muerte. El tribunal ha decretado el secreto de la investigación y ha restringido la divulgación del informe pericial para proteger los datos personales sensibles de la involucrada. Esta medida busca equilibrar el derecho a la verdad con la privacidad de la mujer, quien actualmente tiene 79 años. La confirmación científica obliga a revisar los registros oficiales y plantea interrogantes sobre cómo se mantuvo la versión de su ejecución durante medio siglo, a pesar de que existían antecedentes previos sobre su posible supervivencia.

Análisis político

El caso de Bernarda Vera expone las tensiones en la construcción de la memoria histórica en Chile, donde la institucionalidad de los Derechos Humanos se enfrenta a la complejidad de los hechos ocurridos durante la dictadura. La estrategia política observada se centra en el uso de la evidencia científica para depurar los registros oficiales, buscando otorgar certeza a las familias y al Estado, aunque esto implique cuestionar la veracidad de informes fundamentales como el Rettig. La reserva impuesta por el tribunal refleja una gestión cautelosa para evitar la instrumentalización política de un caso que, por su naturaleza, afecta la credibilidad de las listas de víctimas. En este evento, el Estado y el Poder Judicial ganan legitimidad al demostrar capacidad técnica para resolver casos de larga data, pero pierden al evidenciar fallas históricas en la recopilación de información que permitieron la entrega de reparaciones económicas por una persona que estaba viva. La narrativa oficial se desplaza desde la victimización absoluta hacia una realidad más compleja de exilio y supervivencia, lo que genera un desafío para los sectores que han cimentado su discurso político exclusivamente en la versión de la desaparición forzada, obligándolos a ajustar sus relatos ante la evidencia irrefutable.