El Ministerio de Justicia otorgó 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, argumentando que la ley vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema obligan a conceder el beneficio para casos previos a la reforma de 2022. El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, defendió la medida asegurando que se cumplió con la normativa y comparó la situación con decretos firmados en administraciones anteriores. Ante la controversia, el Ejecutivo anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos y la presentación de una reforma legal exprés para regular o eliminar estos beneficios. El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, contradijo al Gobierno al señalar que las resoluciones actuales no son equivalentes a las de la administración anterior. Según Gajardo, durante el gobierno de Gabriel Boric se rechazaban sistemáticamente las solicitudes, obligando a los condenados a recurrir a tribunales donde el Estado litigaba en contra de la rebaja. El exsecretario de Estado acusó al Ejecutivo de entregar información incompleta y exigió que se publiquen los decretos y se ofrezcan disculpas a las familias afectadas. La exvocera Camila Vallejo también cuestionó la decisión, calificándola de grave y señalando que el Gobierno no estaba obligado a otorgar los beneficios de forma directa. Análisis de registros judiciales confirman que, en años anteriores, el Ministerio de Justicia defendió en tribunales su decisión de rechazar las rebajas, logrando en algunos casos que los tribunales mantuvieran la negativa. El actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha sostenido que la administración está impedida jurídicamente de rechazar las peticiones cuando los hechos ocurrieron antes de la reforma de 2022.

Análisis político

La estrategia del Gobierno actual se centra en una defensa legalista, buscando trasladar la responsabilidad de la decisión a la jurisprudencia de la Corte Suprema y a la inercia administrativa, intentando equiparar su actuar con el de gestiones previas para diluir el costo político. Por el contrario, la oposición y exautoridades utilizan una narrativa de responsabilidad política y ética, enfatizando que el Ejecutivo tenía margen de maniobra para litigar y rechazar las solicitudes, construyendo así una imagen de negligencia o falta de voluntad política en la protección de menores. En este escenario, el Gobierno pierde capital político al ser cuestionado por su propia retórica de seguridad y protección a la infancia, mientras que la oposición gana terreno al capitalizar la indignación pública y forzar al Ejecutivo a una rectificación legislativa. La construcción de narrativas divergentes sobre qué constituye una 'obligación legal' versus una 'decisión administrativa' permite a cada sector blindarse ante la opinión pública, aunque el costo de la controversia afecta la credibilidad de la administración en su agenda de seguridad.