Gabriela Muñoz, activista vinculada a presuntas influencias en la Aerocivil, confirmó que cuenta con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde el 26 de junio. La joven aseguró que la medida fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación tras denunciar amenazas contra su vida. Esta versión busca desmentir las críticas sobre una supuesta asignación irregular o privilegiada por parte del gobierno del expresidente Gustavo Petro. La controversia surgió tras revelaciones que señalan una posible omisión de los trámites técnicos regulares para otorgar el esquema, el cual incluye vehículo, escoltas y chaleco antibalas. Representantes sindicales de la UNP cuestionaron la celeridad del proceso, argumentando que la joven no presentaría un riesgo extraordinario que justifique la medida. Por su parte, Muñoz sostiene que su protección es una respuesta institucional a un riesgo real y no un beneficio político. Muñoz rechazó las narrativas que vinculan su cercanía con el expresidente Petro a una relación sentimental, calificando tales rumores como misóginos y degradantes. La joven responsabilizó al Gobierno nacional y a los medios de comunicación por cualquier afectación a su integridad física. Actualmente, el esquema permanece activo a la espera de que la nueva dirección de la UNP evalúe la vigencia de las condiciones de riesgo.

Análisis político

La estrategia de Gabriela Muñoz se centra en la victimización y la denuncia de violencia de género para desviar la atención de las acusaciones sobre tráfico de influencias en la Aerocivil. Al enmarcar el cuestionamiento a su esquema de seguridad como una campaña de odio y misoginia, intenta invalidar las críticas técnicas sobre el uso de recursos públicos, trasladando el debate del terreno administrativo al ético y social. En este evento, el Gobierno saliente y Muñoz pierden legitimidad ante la opinión pública al ser señalados por un posible uso discrecional de la UNP, mientras que los sectores críticos y los sindicatos de la entidad ganan terreno al posicionar el tema como un caso de clientelismo. La narrativa se construye mediante una polarización clara: por un lado, la defensa de la seguridad personal frente a la persecución política y, por otro, la exigencia de transparencia y rigor técnico en la protección estatal.