El abogado Andrés Felipe Caballero renunció a la representación legal de Deicy Jiménez, la mujer que denunció una presunta red de contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro. Esta dimisión, motivada por preocupaciones de seguridad y presuntos hostigamientos contra el entorno familiar de la denunciante, obligó a suspender la diligencia judicial programada para este martes ante la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía busca ahora reprogramar la comparecencia una vez que Jiménez designe un nuevo defensor para continuar con el proceso. La denunciante había comparecido previamente ante la Corte Suprema de Justicia el 29 de octubre, donde ratificó sus señalamientos y se comprometió a entregar su teléfono celular como material probatorio. Jiménez sostiene que entre 30 y 40 mujeres habrían sido vinculadas a entidades públicas bajo dinámicas similares de intercambio de favores íntimos. Ante la gravedad de las acusaciones, el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección activaron una ruta de atención para salvaguardar su integridad física. La defensa del expresidente Petro ha rechazado las acusaciones, calificándolas de montaje y emprendiendo acciones legales contra Jiménez por la presunta presentación de documentos falsos para acreditar experiencia laboral. Mientras tanto, exfiscales generales han debatido sobre la competencia judicial del caso, sugiriendo que, al no tratarse de actos propios de la función presidencial, el proceso debe ser tramitado por la justicia ordinaria y no por la Comisión de Acusaciones. La incertidumbre sobre la nueva representación legal de la denunciante añade un nivel de complejidad adicional a la investigación en curso.

Análisis político

La estrategia de la defensa de Jiménez se centra en la victimización y la denuncia de presiones externas para validar su testimonio ante la opinión pública, mientras que la defensa del expresidente Petro utiliza la deslegitimación, atacando la veracidad de las pruebas documentales presentadas por la denunciante. Este choque de narrativas busca, por un lado, consolidar la imagen de una red de corrupción sistémica y, por otro, presentar el caso como una persecución política basada en falsedades. En este escenario, el mayor riesgo político recae sobre la credibilidad de las instituciones y la figura del expresidente, cuya reputación se ve afectada por la magnitud de las acusaciones. Gana terreno la polarización, ya que el evento permite a los sectores opositores cuestionar la ética del gobierno anterior, mientras que el entorno del exmandatario intenta contener el daño mediante la judicialización de la denunciante, buscando que el caso se desinfle por falta de sustento probatorio o por la inestabilidad jurídica de la parte acusadora.