El Fondo E, el más conservador del sistema de pensiones chileno, acumuló una rentabilidad real negativa de 10,39% entre enero y septiembre de 2026. Este desplome se explica principalmente por una estrategia de inversión en derivados financieros y swaps de tasas de interés vinculados a Estados Unidos, que buscaba beneficiarse de una baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El cambio en las condiciones macroeconómicas globales, marcado por el alza de tasas, revirtió las ganancias previas y generó pérdidas de valoración por 7.700 millones de dólares en el conjunto de las administradoras. La Asociación de AFP defendió las operaciones calificándolas como una estrategia de largo plazo y no como una apuesta, argumentando que los derivados son herramientas estándar para ajustar flujos en renta fija. Por su parte, la Superintendencia de Pensiones ha monitoreado la situación y exigido ajustes regulatorios que entrarán en vigor en noviembre, obligando a las administradoras a reducir su exposición a estos instrumentos. Expertos advierten que el momento de liquidar estas posiciones será determinante para el impacto financiero final sobre los ahorros de los afiliados. El evento ha generado una fuerte reacción política, con parlamentarios de Evópoli exigiendo explicaciones a la Superintendencia sobre la gestión de riesgos y la volatilidad del fondo. Sectores de oposición han cuestionado la responsabilidad del regulador y de las administradoras, solicitando mayor fiscalización ante el impacto en los cotizantes próximos a jubilar. Mientras tanto, el gobierno ha señalado que la situación está siendo monitoreada y que se han tomado medidas correctivas desde el inicio de la actual administración.

Análisis político

La crisis del Fondo E revela una estrategia política de control de daños donde el gobierno busca desmarcarse de la responsabilidad técnica, atribuyendo las causas a decisiones del ciclo anterior. Por otro lado, la oposición utiliza el desplome como una herramienta de fiscalización agresiva, buscando capitalizar el descontento social ante la vulnerabilidad de los ahorros previsionales, lo que tensiona la relación entre el regulador y la industria. En este escenario, los afiliados próximos a jubilarse aparecen como los principales perjudicados, mientras que las AFP pierden legitimidad pública al ser cuestionadas por su gestión de riesgos. La narrativa se construye bajo una dicotomía: la industria defiende la tecnicidad de sus inversiones a largo plazo, mientras que el espectro político opositor y diversos analistas instalan la idea de una negligencia en la protección de los fondos más conservadores, intensificando la presión por reformas al sistema.