La Fiscalía Centro Norte ordenó diligencias a la Policía de Investigaciones para indagar presuntos delitos de fraude de subvenciones y lavado de activos al interior del Partido de la Gente. La investigación, liderada por la fiscal Patricia Cerda, se originó a partir de una denuncia de 2024 sobre falsificación de firmas en la constitución del partido, derivando en una arista que involucra a 11 personas de interés, entre ellas el ex candidato presidencial Franco Parisi y ex dirigentes de la colectividad. Las pesquisas incluyen el levantamiento del secreto bancario y requerimientos a la Unidad de Análisis Financiero para esclarecer el destino de fondos partidarios. El Ministerio Público profundizó la indagatoria tras recibir testimonios de militantes que aseguraron haber presenciado la quema de cartolas bancarias, maniobra que habría buscado ocultar desvíos de dinero. La fiscalía también examina gastos no acreditados ante el Servicio Electoral, incluyendo pagos de arriendos y cheques cobrados por caja sin respaldo claro, centrando parte de su atención en el ex administrador general de fondos, Miguel Azar. Estos antecedentes se suman a interrogantes sobre el uso de aproximadamente 1.400 millones de pesos correspondientes a los años 2023 y 2024. Franco Parisi y el jefe de bancada del partido, Juan Marcelo Valenzuela, han desestimado las acusaciones calificándolas de infundadas y retrógradas, argumentando que los registros bancarios son digitales y que no han sido notificados formalmente de ninguna imputación. La defensa de Parisi sostiene que las denuncias responden a conflictos internos del partido y niega la existencia de irregularidades en su patrimonio. Por su parte, la fiscalía mantiene las diligencias activas para determinar si los hechos denunciados constituyen efectivamente delitos financieros.

Análisis político

La estrategia del Partido de la Gente frente a esta crisis judicial se basa en la deslegitimación de la fuente y la minimización del riesgo, utilizando un discurso que apela a la modernidad digital para ridiculizar la denuncia sobre la quema de documentos físicos. Al enmarcar las acusaciones como disputas internas o ataques de exmilitantes, la directiva busca blindar su capital político y evitar que la investigación afecte su desempeño en el Congreso, donde recientemente recuperaron su bancada de 14 parlamentarios. En este escenario, el mayor riesgo lo corre la credibilidad de Franco Parisi, quien se posiciona como el principal sujeto de interés, mientras que el partido pierde capacidad de maniobra al quedar bajo la lupa de la Unidad de Análisis Financiero. La narrativa de la colectividad se construye sobre la idea de ser una fuerza externa al sistema tradicional que es perseguida por denuncias sin sustento, mientras que la Fiscalía construye una narrativa técnica basada en la trazabilidad de fondos públicos, lo que inevitablemente desgasta la imagen de probidad del partido ante la opinión pública.

La Fiscalía Centro Norte desarrolla una investigación por presunto lavado de activos y fraude de subvenciones que involucra a dirigentes y figuras vinculadas al Partido de la Gente. El origen de las pesquisas se remonta a una denuncia de 2024 sobre irregularidades en la constitución del partido, incluyendo la falsificación de firmas, lo que derivó en una arista sobre el manejo de fondos públicos. Testimonios de militantes han señalado la supuesta quema de cartolas bancarias para ocultar desvíos de dinero, aunque la defensa del partido califica estos relatos como retrógrados y carentes de sentido en la era digital. Franco Parisi, líder de la colectividad y sujeto de interés en la indagatoria, ha descartado haber recibido notificaciones judiciales o citaciones formales. El dirigente sostiene que las acusaciones son infundadas y que los requerimientos de información financiera afectan a personas naturales y no a la estructura jurídica del partido. Por su parte, el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, atribuyó los cuestionamientos a disputas internas y a gestiones de administraciones anteriores, desestimando la relevancia de las denuncias sobre la destrucción de documentos. El Ministerio Público mantiene vigentes alzamientos de secreto bancario y ha solicitado informes a la Unidad de Análisis Financiero para esclarecer el patrimonio de exadministradores y otros vinculados. Mientras el Servel también investiga gastos no acreditados y operaciones bancarias dudosas, la directiva actual del PDG asegura estar respondiendo a las observaciones administrativas. La investigación se mantiene en una etapa desformalizada, mientras el partido intenta mantener su cohesión política tras recuperar su bancada parlamentaria.

Análisis político

La estrategia del Partido de la Gente ante esta crisis judicial se basa en la deslegitimación de las pruebas y la externalización de la responsabilidad. Al calificar las denuncias como 'retrógradas' o vinculadas exclusivamente a administraciones pasadas, el liderazgo busca blindar la figura de Franco Parisi y evitar que el costo reputacional afecte su capital político actual. Esta táctica de defensa busca transformar un problema de probidad en una supuesta persecución o conflicto interno, apelando a la desconfianza ciudadana hacia las instituciones tradicionales. En este escenario, el gran perdedor es la credibilidad institucional del partido, que ve cómo sus finanzas y procesos de constitución son escrutados bajo sospecha de fraude. Por otro lado, los sectores críticos internos y los denunciantes originales ganan visibilidad al instalar una narrativa de irregularidades sistémicas. La construcción de relatos es divergente: mientras la Fiscalía se enfoca en la trazabilidad de los fondos y la veracidad de los documentos, el PDG construye una narrativa de 'partido propositivo' que se siente víctima de una campaña de desprestigio, intentando mantener su influencia legislativa sin ceder ante la presión judicial.