Condenan a excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta por lavado de activos
Resumen
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó un veredicto condenatorio unánime contra el excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, por el delito de lavado de activos. La investigación, liderada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, acreditó que el exmilitar recibió pagos mensuales irregulares provenientes de gastos reservados de la institución entre 2010 y 2018. Estos fondos, entregados por sus sucesores Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, fueron utilizados para fines personales, incluyendo el pago de un crédito hipotecario y la gestión de un inmueble.
El tribunal desestimó los argumentos de la defensa, calificando las explicaciones del acusado como falaces y carentes de sustento técnico. Se estableció que Izurieta realizó maniobras financieras, como la rectificación de declaraciones de impuestos y la transferencia de un departamento a un familiar, para ocultar el origen ilícito de los recursos. El fallo subraya que, para la configuración del lavado de activos, no es requisito haber participado en el delito base de malversación, sino haber administrado y ocultado dinero de procedencia ilegal.
La Fiscalía solicitó una pena de ocho años de presidio, una multa de 500 UTM, el comiso del inmueble involucrado y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia definitiva será comunicada el próximo viernes 27 de noviembre a las 11:15 horas. Este caso se enmarca en una arista del escándalo de corrupción conocido como Milicogate, que mantiene otras investigaciones paralelas en la justicia militar.
Análisis Político
La condena de una figura de alto rango como un excomandante en jefe del Ejército refuerza la estrategia del Ministerio Público de perseguir el patrimonio derivado de la corrupción institucional, más allá de la malversación original. Se observa una clara separación de roles donde la justicia civil logra avances significativos en delitos económicos, mientras la justicia militar mantiene procesos paralelos, evidenciando una tensión histórica en la jurisdicción sobre los fondos públicos castrenses. La narrativa judicial se construye sobre la desmitificación de los gastos reservados, presentándolos como un mecanismo de enriquecimiento personal y no como una herramienta de seguridad nacional.
El gran perdedor es la imagen institucional del Ejército, que ve cómo sus máximas autoridades son vinculadas a prácticas de corrupción sistemática y uso indebido de recursos fiscales. Por otro lado, la Fiscalía gana legitimidad al lograr condenas en casos complejos de lavado de activos que involucran a figuras de poder. La construcción de la narrativa se divide entre la defensa, que intentó justificar los movimientos financieros mediante tecnicismos contables, y el tribunal, que optó por una interpretación estricta de la ley, invalidando cualquier intento de normalizar el uso de sobres con dinero en efectivo para exautoridades.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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