La Fiscalía citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez en relación con su presunta participación en la conformación de grupos paramilitares y hechos ocurridos durante su gobernación en Antioquia. La investigación abarca las masacres de La Granja y El Aro, así como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. La decisión judicial se produce en un contexto de alta tensión política, a pocos días de la segunda vuelta presidencial. Uribe Vélez reaccionó calificando la citación como una "trama electoral" y una persecución política, cuestionando la imparcialidad de la fiscal encargada y denunciando irregularidades en el proceso. Su defensa, liderada por Jaime Granados, argumentó que no se respetó el debido proceso y que la medida busca influir en el panorama electoral. Se señaló que la Fiscalía no ha practicado todas las pruebas solicitadas y que se amplió el plazo para una fiscal comisionada sin que este haya vencido. Por su parte, el presidente Gustavo Petro invitó a Uribe a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para aportar a la verdad. El candidato Iván Cepeda catalogó la indagatoria como un "avance significativo en la lucha contra la impunidad". Las reacciones políticas evidencian una profunda división, con el uribismo denunciando falta de garantías y la izquierda viendo un paso hacia la justicia.

Análisis político

Se observa una estrategia política por parte de la defensa de Álvaro Uribe Vélez, quien inmediatamente calificó el llamado a indagatoria como una "trama electoral" y una persecución política. Esta narrativa busca deslegitimar la acción de la justicia, asociándola con motivaciones políticas y electorales, especialmente por la cercanía de la segunda vuelta presidencial. La defensa también alega vicios de procedimiento y falta de garantías, buscando generar dudas sobre la legalidad y oportunidad de la decisión fiscal. El expresidente y sus aliados buscan movilizar a su base política y a la opinión pública en contra de lo que perciben como un ataque orquestado. El expresidente Álvaro Uribe Vélez y su sector político parecen ser los principales afectados por este evento, al enfrentar un proceso judicial de alto perfil que podría tener implicaciones significativas. Quienes ganan con esta situación son los sectores de izquierda y aquellos que han impulsado investigaciones contra el exmandatario, quienes ven en la indagatoria un avance en la lucha contra la impunidad y una oportunidad para fortalecer sus narrativas de justicia. El presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda utilizan la coyuntura para reafirmar sus posturas y presionar por mecanismos de justicia transicional como la JEP, construyendo una narrativa de continuidad en la búsqueda de verdad y reparación para las víctimas.