Exministro Hernán Larraín cuestiona rebajas de condenas a agresores sexuales otorgadas por el Gobierno
Resumen
El exministro de Justicia, Hernán Larraín, intervino en la controversia generada por la concesión de 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores durante la actual administración. Larraín aclaró que, durante su gestión entre 2018 y 2022, rechazó solicitudes similares, viéndose forzado a revertir su decisión únicamente ante mandatos judiciales específicos. El exsecretario enfatizó que su administración impulsó la Ley 21.421 para excluir estos beneficios, bajo el entendido de que no existían derechos adquiridos sobre la rebaja de penas.
La actual administración, encabezada por el ministro Fernando Rabat, ha defendido la entrega de estos beneficios argumentando que la jurisprudencia de la Corte Suprema impide aplicar la restricción de 2022 a delitos cometidos con anterioridad. Esta postura ha sido cuestionada por diversos sectores políticos y la Defensoría de la Niñez, quienes exigen mayor transparencia sobre los criterios de revisión y los resguardos tomados para proteger a las víctimas. La tensión ha escalado al punto de que parlamentarios han anunciado una posible interpelación contra el titular de Justicia.
Larraín refutó la interpretación gubernamental al señalar que la Corte Suprema ha modificado su criterio en fallos recientes, reconociendo que la rebaja de condena no está protegida por el principio de irretroactividad penal. Según el exministro, la historia fidedigna de la ley que él mismo impulsó buscaba precisamente resguardar la indemnidad de la niñez, impidiendo que condenados por estos delitos accedieran a beneficios carcelarios. Esta discrepancia técnica entre el exministro y el actual Gobierno profundiza el debate sobre la discrecionalidad y la protección de los derechos de las víctimas.
Análisis Político
La estrategia política observada se basa en la judicialización de la responsabilidad administrativa, donde el Gobierno intenta escudarse en la jurisprudencia de la Corte Suprema para evitar el costo político de una decisión impopular. Por su parte, el exministro Larraín utiliza su experiencia previa para desmarcarse de la actual gestión, posicionándose como un actor que priorizó la protección de la niñez frente a la rigidez burocrática, lo que le permite capitalizar el descontento social y legislativo.
En este escenario, el Gobierno pierde legitimidad al ser cuestionado por su propia coherencia en materia de seguridad, mientras que la oposición y sectores críticos ganan terreno al instalar una narrativa de negligencia institucional. La construcción de narrativas es divergente: el Ejecutivo apela a un formalismo legalista para justificar sus actos, mientras que sus críticos construyen un relato centrado en la vulneración de los derechos de las víctimas y la falta de voluntad política para aplicar restricciones legales vigentes.
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