La Casa Blanca publicó el informe titulado La Gran Estafa del Transbordo, el cual clasifica a Chile dentro de un grupo de 40 economías con riesgo de ser utilizadas para desviar mercancías chinas hacia el mercado estadounidense. El documento sostiene que estas naciones, denominadas objetivos oportunistas, poseen características logísticas y aduaneras que facilitarían la elusión de aranceles mediante el reetiquetado o ensamblaje menor de productos. Aunque el reporte no presenta pruebas de operaciones específicas en territorio chileno, lo incluye en la categoría de corredores latinoamericanos junto a países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú. La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) respondió con firmeza, asegurando que Chile no fue consultado durante la elaboración del estudio y rechazando el análisis presentado. El organismo gubernamental enfatizó que el país administra su comercio exterior con estrictos controles de origen y verificación, cumpliendo con los estándares internacionales vigentes. Asimismo, aclaró que no existen antecedentes que vinculen a Chile con prácticas de transbordo ilegal de productos procedentes de China. Este evento ocurre en un contexto de tensión comercial, marcado por la reciente imposición de un arancel adicional del 12,5% por parte de Estados Unidos a productos chilenos. Expertos señalan que la publicación busca presionar a los socios comerciales de Washington para fortalecer la fiscalización aduanera y proteger la industria local estadounidense. La administración chilena mantiene su postura de defensa ante las acusaciones, mientras busca aclarar la transparencia de sus procesos exportadores para evitar mayores sanciones.

Análisis político

La estrategia de Estados Unidos refleja una política comercial proteccionista bajo la consigna America First, donde la Casa Blanca utiliza informes técnicos como herramientas de presión diplomática y económica para alinear a terceros países con sus objetivos de contención hacia China. Para Chile, el desafío político radica en equilibrar su relación comercial con ambas potencias, evitando quedar atrapado en la disputa tecnológica y arancelaria global mientras intenta revertir el arancel adicional del 12,5% impuesto recientemente. En este escenario, el Gobierno chileno gana legitimidad interna al mostrar una postura firme y técnica frente a una acusación que carece de pruebas específicas, evitando ser percibido como un actor pasivo. Por el contrario, la administración estadounidense pierde credibilidad ante sus socios al generalizar riesgos sin evidencia concreta, aunque logra instalar una narrativa de vigilancia que le permite justificar futuras medidas de control aduanero. La construcción de narrativas es divergente: Washington presenta a Chile como un posible eslabón débil en su seguridad comercial, mientras que Santiago se posiciona como un socio confiable que cumple estrictamente con los tratados internacionales.