La tasa de desocupación en Chile llegó al 9,5% durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026, lo que representa un incremento de 0,8 puntos porcentuales en doce meses. Este resultado, informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se explica por un aumento en la fuerza de trabajo del 0,7% frente a una caída del 0,2% en el número de personas ocupadas. Actualmente, existen más de 981 mil personas desocupadas en el país, acercándose al umbral del millón de afectados. El reporte incorporó una nueva dimensión de análisis sobre el desempleo de larga duración, revelando que 184.033 personas llevan al menos un año buscando trabajo activamente. Esta cifra equivale al 18,8% del total de desocupados, duplicando la proporción observada en 2014. Asimismo, el tiempo promedio de búsqueda alcanzó los 8,1 meses, marcando el registro más elevado para este periodo desde que existen datos comparables, excluyendo los años de pandemia. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reconoció que las cifras representan un desafío y que el Gobierno mantiene el empleo como prioridad. Desde el Ejecutivo destacaron la implementación del programa Modo Empleo y la inversión en proyectos regionales como medidas para revertir la tendencia. Por su parte, analistas advirtieron que el deterioro del mercado laboral, sumado a mayores costos de contratación y factores estacionales, presiona la capacidad de pago de los hogares.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se centra en la gestión de expectativas y la visibilización de medidas paliativas, como el programa Modo Empleo y la inversión pública, para contrarrestar el impacto negativo de las cifras macroeconómicas. El Gobierno busca equilibrar el reconocimiento de la urgencia social con un discurso de optimismo técnico, enfatizando la colaboración con actores regionales y privados para destrabar proyectos de inversión, intentando así mitigar el desgaste político que genera un desempleo persistente. En este escenario, el Gobierno es el principal actor que pierde terreno político al enfrentar un indicador que alcanza máximos de cinco años, lo que debilita su narrativa de recuperación económica. Por el contrario, los expertos y centros de estudios ganan relevancia al cuestionar la efectividad de las políticas públicas actuales, construyendo una narrativa de escepticismo frente a las metas oficiales. La brecha entre la gestión gubernamental y la realidad del mercado laboral se profundiza, dejando al Ejecutivo en una posición defensiva ante la creciente precariedad y el aumento del desempleo de larga duración.