La Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizó a 19 integrantes de la organización criminal conocida como Los Cojos de La Legua, liderada por César Liberona Miranda. El tribunal decretó la prisión preventiva para 16 de los imputados, incluyendo al líder y a sus dos hermanos, quienes operaban desde el exterior del recinto penitenciario. La investigación, que se extiende desde 2024, permitió desarticular una estructura dedicada al tráfico de drogas, lavado de activos y asociación ilícita en la zona sur de Santiago. El fiscal Héctor Barros reveló un inusual modus operandi utilizado por Liberona para dirigir la banda desde la cárcel. El líder escribía instrucciones en cuadernos que entregaba a sus visitas y, tras ser memorizadas por sus subordinados, los destinatarios procedían a comerse el papel para eliminar cualquier evidencia física. Esta estrategia buscaba evadir la vigilancia de las cámaras de seguridad en los locutorios penitenciarios. La organización mantenía vínculos con el Tren de Aragua y contaba con la colaboración de un funcionario policial para obtener información privilegiada. La banda, activa desde 2006, intentaba blanquear sus activos mediante la adquisición de bienes a través de leasing. Con estas detenciones, las autoridades buscan desmantelar definitivamente una de las estructuras criminales más influyentes de la Región Metropolitana.

Análisis político

La estrategia política observada en este caso se centra en la desarticulación de estructuras criminales históricas mediante la persecución de sus redes de financiamiento y logística, más allá de la simple incautación de drogas. El Ministerio Público busca demostrar capacidad de control territorial y estatal frente a organizaciones que han logrado permear instituciones, incluyendo la infiltración de información policial, lo que posiciona a la Fiscalía como el actor que gana legitimidad al exponer la vulnerabilidad del sistema penitenciario. La narrativa se construye bajo una dicotomía entre la persistencia del crimen organizado, que utiliza métodos rudimentarios pero efectivos para evadir la tecnología, y la respuesta técnica del Estado. Mientras el Gobierno y las policías capitalizan el éxito del operativo como un golpe al narcotráfico, los actores criminales pierden su capacidad de mando centralizado, aunque el evento subraya la dificultad persistente de aislar a los líderes narco dentro de las cárceles chilenas.

Un operativo masivo liderado por el departamento OS7 y el GOPE de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur, permitió desarticular la cúpula operativa de la banda liderada por César Liberona, alias "El Cojo César". La intervención incluyó el registro simultáneo de más de 30 inmuebles en las comunas de San Joaquín, La Pintana, San Miguel y Peñaflor, con especial énfasis en la población Legua Emergencia. El procedimiento resultó en la detención de 20 personas, entre las que se encuentran los hermanos del líder criminal, quienes ejercían funciones de mando en el exterior. La organización, que operaba al menos desde 2006, mantenía una estructura dedicada al tráfico de drogas, lavado de activos, asociación criminal y delitos violentos como homicidios. A pesar de que César Liberona se encuentra en prisión preventiva desde 2024 por un robo con violencia, las investigaciones confirmaron que continuaba dirigiendo las operaciones delictivas desde el interior del penal. El fiscal regional Héctor Barros calificó a esta banda como una de las organizaciones más grandes y peligrosas que operan actualmente en la zona sur de Santiago. El despliegue policial representa la tercera fase de una investigación prolongada destinada a desmantelar la estructura criminal completa. Según las autoridades, la banda no solo operaba de forma independiente, sino que había logrado acoplar a otras estructuras menores bajo su mando, manteniendo una rivalidad histórica con grupos contrarios en el sector. Con la captura de los brazos operativos y los líderes externos, la Fiscalía busca poner fin a una red que ha marcado la crónica policial por su alta capacidad de violencia y control territorial.

Análisis político

La estrategia observada refleja un enfoque de persecución penal focalizado en la desarticulación de estructuras jerárquicas complejas, priorizando la captura de los mandos medios y operativos que permiten la continuidad delictiva desde las cárceles desde la cárcel. Esta táctica busca romper el control territorial que ejercen bandas históricas en zonas críticas como La Legua, utilizando la coordinación entre la policía uniformada y el Ministerio Público para golpear simultáneamente múltiples nodos de una organización. En este evento, el Ministerio Público y Carabineros ganan legitimidad institucional al demostrar capacidad de respuesta frente a organizaciones que operan desde el sistema penitenciario, mientras que las bandas criminales pierden su capacidad de mando y control territorial. La narrativa oficial se construye desde la eficacia del Estado en la desarticulación de clanes, contraponiéndose a la percepción de impunidad que genera el hecho de que líderes narcos sigan operando tras las rejas.

Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Sur ejecutaron un operativo simultáneo en 29 domicilios de diversas comunas de la Región Metropolitana, incluyendo La Legua Emergencia. La intervención permitió la detención de 20 personas, entre ellas los hermanos de César Liberona Miranda, conocido como el Cojo César. El procedimiento buscó desarticular la estructura operativa de esta organización criminal dedicada al narcotráfico, lavado de activos y delitos violentos. El líder de la banda, César Liberona, continúa operando desde un recinto penitenciario donde cumple prisión preventiva por delitos previos. La investigación reveló que, pese a su reclusión, el imputado mantenía el control territorial y dirigía las actividades delictivas a través de sus familiares y brazos operativos. Este despliegue policial representa la tercera fase de una estrategia de desarticulación iniciada hace años contra esta estructura histórica. Las autoridades destacaron que la banda del Cojo César es una de las organizaciones más grandes y peligrosas que operan en la zona sur de Santiago. El fiscal regional Héctor Barros confirmó que el operativo logró capturar a los líderes y colaboradores clave, debilitando significativamente la red. La organización mantenía una rivalidad histórica con otros grupos del sector, lo que ha derivado en múltiples hechos de violencia y homicidios a lo largo de los años.

Análisis político

La estrategia observada en este caso refleja un enfoque de persecución penal focalizada en la desarticulación de estructuras jerárquicas que operan desde el interior de los recintos penitenciarios. El Estado busca neutralizar el control territorial que ejercen bandas criminales mediante la captura de sus brazos operativos externos, intentando romper la cadena de mando que persiste a pesar de la privación de libertad de sus cabecillas. Este tipo de operativos busca demostrar capacidad de respuesta institucional ante la crisis de seguridad pública. El Ministerio Público y las policías ganan legitimidad al golpear a una organización identificada como una de las más grandes de la zona sur, mientras que el crimen organizado pierde capacidad operativa y control territorial. La narrativa oficial se construye sobre la idea de un avance progresivo y técnico en la desarticulación de clanes, contrastando con la percepción ciudadana de impunidad frente a líderes que delinquen desde la cárcel. La construcción del relato se centra en la eficacia de la investigación a largo plazo para desmantelar redes complejas.