La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la absolución del excarabinero Claudio Crespo, rechazando los recursos de nulidad presentados por la Fiscalía, el INDH y el Consejo de Defensa del Estado. El tribunal mantuvo el fallo de primera instancia que, aunque acreditó la autoría de los disparos que dejaron ciego al actual diputado Gustavo Gatica, determinó que el actuar del exuniformado se enmarcó en la legítima defensa privilegiada. La resolución cierra el proceso judicial a nivel nacional, aunque la parte querellante evalúa recurrir a instancias internacionales. El Presidente José Antonio Kast celebró la decisión judicial a través de sus redes sociales, afirmando que la justicia habló de forma clara y exoneró al exfuncionario de todos los cargos. Por su parte, Claudio Crespo calificó el resultado como un día histórico para Carabineros y para su situación personal, agradeciendo públicamente el respaldo del Mandatario. Estas declaraciones generaron una rápida respuesta de sectores opositores y de la propia víctima. El diputado Gustavo Gatica criticó duramente al Presidente, calificándolo de activista de ultraderecha y acusándolo de buscar divisiones en lugar de gobernar para todos los ciudadanos. Parlamentarios de oposición, como el presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, cuestionaron la intervención del Ejecutivo, señalando que los fallos judiciales deben acatarse sin comentarios políticos que profundicen el dolor social. Mientras tanto, sectores oficialistas aprovecharon la instancia para presionar por nuevos indultos a otros uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.

Análisis político

La estrategia política observada busca consolidar una base de apoyo en las fuerzas de orden y seguridad, utilizando el fallo judicial como un símbolo de respaldo institucional a la actuación policial durante el estallido social. Al validar la tesis de la legítima defensa, el Ejecutivo refuerza su narrativa de orden público, mientras que la oposición intenta capitalizar el descontento ético y la percepción de impunidad para cuestionar la imparcialidad del Mandatario, presentándolo como un actor parcializado que prioriza su agenda ideológica sobre la cohesión nacional. En este escenario, el Presidente Kast gana terreno en su base electoral al cumplir con una postura de defensa a Carabineros, pero pierde capital político ante sectores que exigen mayor sensibilidad frente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo presenta el fallo como una victoria de la justicia y el Estado de derecho, la oposición y las víctimas lo posicionan como una herida abierta que, al ser celebrada por la máxima autoridad, profundiza la polarización y la desconfianza en las instituciones.