El secretario general del Partido de la Gente, Franco Parisi, emplazó al presidente José Antonio Kast a remover al ministro de Justicia, Fernando Rabat, debido a la reciente controversia por la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Parisi argumentó que el titular de Justicia cometió errores graves, incluyendo el beneficio penitenciario a presuntos extorsionadores extranjeros vinculados al Tren de Aragua, en lugar de gestionar su expulsión del país. El dirigente advirtió que mantener al ministro en su cargo representa un costo político innecesario para la administración actual. La presión de Parisi se produce en un momento crítico para el Gobierno, que enfrenta una inminente acusación constitucional contra Rabat y su subsecretario, Luis Silva. Aunque inicialmente sectores del Partido de la Gente mantuvieron una postura de apertura al diálogo con el Ejecutivo, la revelación de nuevos antecedentes sobre el perfil de los reos beneficiados ha endurecido las posturas internas. El líder del partido calificó el respaldo público de Kast hacia su ministro como una puesta en escena ineficaz que no soluciona el problema de fondo. La crisis se agudiza con las críticas de otros actores políticos, como Evelyn Matthei, quien atribuyó los errores de gestión a la falta de trayectoria política del ministro. Mientras el Gobierno intenta desactivar el conflicto mediante sesiones especiales en el Congreso y la búsqueda de proyectos de ley correctivos, la oposición evalúa los pasos a seguir para una posible destitución. La permanencia de Rabat se ha convertido en un punto de tensión que pone a prueba la capacidad de blindaje del mandatario frente a sus aliados y adversarios.

Análisis político

La estrategia política observada revela una fractura en la lealtad de los partidos hacia el Ejecutivo, donde figuras como Parisi buscan capitalizar el descontento ciudadano para diferenciarse de la gestión de Kast. Al comparar al actual mandatario con el gobierno anterior, el PDG construye una narrativa de continuidad en los errores, posicionándose como un actor que prioriza la seguridad pública sobre los vínculos personales o partidistas. Esta táctica busca desgastar la figura presidencial al asociar la permanencia de un ministro cuestionado con una supuesta desconexión con las necesidades de la población. En este escenario, el gran perdedor es el presidente Kast, cuya decisión de blindar a su ministro ha trasladado el costo político de la crisis directamente a su propia administración, limitando su margen de maniobra ante futuras acusaciones constitucionales. Por otro lado, los actores opositores y críticos internos ganan terreno al capitalizar la indignación social por la liberación de delincuentes, obligando al Gobierno a una postura defensiva. La construcción de narrativas se divide entre quienes defienden la tecnocracia y la legalidad de los decretos, y quienes, como Parisi y Matthei, priorizan la sensibilidad política y la percepción pública como elementos ineludibles para el ejercicio del poder.