El Ministerio de Justicia otorgó 56 decretos de rebaja de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, lo que generó una fuerte controversia política. El ministro Fernando Rabat defendió inicialmente su actuar basándose en criterios jurídicos y jurisprudencia de la Corte Suprema, descartando su renuncia al cargo. Ante la presión, el Presidente José Antonio Kast reconoció errores en el procedimiento y anunció la suspensión de nuevas tramitaciones, mientras el Ejecutivo explora mecanismos administrativos y legislativos para intentar revertir los beneficios ya ejecutados. Diversos actores políticos, incluyendo parlamentarios de oposición y exministros de Justicia, han cuestionado la viabilidad técnica de revertir decretos ya firmados y ejecutados. Exautoridades advirtieron que el Gobierno incurre en riesgos jurídicos al intentar suspender facultades administrativas sin un sustento legal claro, además de criticar la falta de transparencia y la comparación realizada por el Ejecutivo con gestiones anteriores. La oposición ha exigido la salida del ministro Rabat, argumentando que la decisión representa un quiebre institucional grave que afecta la protección de las víctimas. La situación ha escalado a instancias internacionales, con parlamentarios recurriendo a Unicef para alertar sobre las consecuencias de estas medidas. Mientras el Gobierno intenta contener la crisis mediante reuniones con legisladores para impulsar reformas legales, expertos en derecho y Amnistía Internacional han señalado que la interpretación aplicada por el Ministerio de Justicia fue una elección discrecional. La incertidumbre persiste sobre la posibilidad real de dejar sin efecto las libertades ya concedidas y sobre la responsabilidad política final del Ejecutivo en este caso.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se ha centrado en intentar contener el daño reputacional mediante la suspensión de nuevos beneficios y la búsqueda de una salida legislativa que permita corregir el error sin admitir una falla política estructural. Por su parte, la oposición utiliza este evento para desgastar la figura del ministro de Justicia y cuestionar la autoridad del Presidente Kast, construyendo una narrativa de desprotección a las víctimas y falta de probidad administrativa. El oficialismo intenta desviar la atención hacia la necesidad de reformas legales, mientras que sus críticos buscan personalizar la responsabilidad en el titular de la cartera. En este escenario, el Gobierno pierde capital político al quedar expuesto a contradicciones entre su discurso de seguridad y la ejecución de beneficios a delincuentes de alta connotación social. La oposición gana terreno al capitalizar el descontento ciudadano y forzar al Ejecutivo a una posición defensiva. La construcción de narrativas es divergente: el Gobierno apela a una supuesta rigurosidad técnica y legal, mientras que sus detractores posicionan el evento como una decisión política deliberada que prioriza los derechos de los victimarios sobre la justicia para las víctimas.