Contraloría ordena sumario en Hospital de Victoria por irregularidades en pago de horas extras
Resumen
La Contraloría Regional de La Araucanía detectó graves irregularidades en la gestión de horas extraordinarias del Hospital San José de Victoria tras auditar el periodo entre enero de 2024 y junio de 2025. El informe N°70 de 2026 reveló que las resoluciones que autorizaban dichos pagos fueron emitidas con retrasos de hasta 610 días después de ejecutadas las labores. Además, se constató la ausencia de justificación técnica sobre tareas impostergables y fallas críticas en el sistema de control de asistencia biométrico.
El organismo fiscalizador identificó pagos por 562 millones de pesos destinados a funcionarios de tercer y cuarto turno, quienes por normativa tienen prohibido realizar horas extras salvo en emergencias sanitarias debidamente fundadas. Adicionalmente, se detectaron otros 3,7 millones de pesos en pagos sin respaldo documental, errores de cálculo en la sumatoria de horas y la omisión del descuento por tiempo de colación. Estas deficiencias impiden validar el cumplimiento real de la jornada laboral y ponen en duda la transparencia de los registros financieros del recinto.
Como consecuencia inmediata, la Contraloría instruyó al hospital iniciar un sumario administrativo en un plazo máximo de 15 días hábiles para deslindar responsabilidades. El establecimiento deberá revisar exhaustivamente cada caso observado, determinar el tiempo no trabajado y proceder con los descuentos de remuneraciones que correspondan. El cumplimiento de estas medidas correctivas debe ser acreditado ante el ente fiscalizador en un plazo de 60 días hábiles.
Análisis Político
La estrategia observada refleja un endurecimiento en la fiscalización de los recursos públicos en el sector salud, donde la Contraloría actúa como un contrapeso técnico frente a la gestión administrativa deficiente. Este evento expone una cultura organizacional de descontrol en el manejo de presupuestos, donde la falta de rigor administrativo se traduce en una vulneración directa de la normativa vigente sobre asignaciones de turno.
En este escenario, la ciudadanía y el erario público resultan los principales perjudicados por la pérdida de confianza y el posible mal uso de fondos, mientras que la administración del hospital pierde legitimidad ante la opinión pública. La narrativa se construye desde la fiscalización técnica que evidencia la ineficiencia, contrastando con la posible defensa de los funcionarios que podrían argumentar necesidades operativas no formalizadas, aunque la falta de respaldo documental debilita cualquier justificación frente a la rigurosidad de la auditoría.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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