La Contraloría General de la República instruyó un sumario administrativo tras detectar graves deficiencias en la Dirección Regional Metropolitana del Servicio de Registro Civil e Identificación. La auditoría, correspondiente al informe N° 60 de 2026, reveló que durante el año 2024 el servicio incumplió la normativa al enviar solo cuatro informes de primeras inscripciones rechazadas a Carabineros de Chile, cuando la exigencia es mensual. Esta omisión privó a la policía de información crítica para sus labores de fiscalización vehicular. El informe también expuso fallas críticas en los protocolos de seguridad y control interno del organismo. Se constató la ausencia de actas formales y resoluciones exentas para la destrucción de placas patentes provisorias, reemplazando estos documentos oficiales por simples planillas de Excel. Asimismo, se identificaron debilidades en la gestión financiera, incluyendo ingresos no registrados oportunamente y una falta de resguardo adecuado para los recursos recaudados. Las limitaciones tecnológicas del servicio fueron señaladas como un factor agravante, obligando a los funcionarios a realizar verificaciones manuales que aumentan el riesgo de errores y retrasos. Ante este escenario, el ente fiscalizador ordenó la implementación urgente de medidas correctivas para fortalecer los controles internos. El proceso disciplinario busca determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en estas irregularidades.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en el rol fiscalizador de la Contraloría como garante de la probidad administrativa en servicios públicos críticos. Al exponer fallas en la gestión de datos compartidos con Carabineros, el organismo pone en evidencia una desconexión institucional que afecta directamente la seguridad pública, un tema de alta sensibilidad en la agenda nacional. Esta acción refuerza la narrativa de un Estado que requiere modernización tecnológica urgente para evitar la discrecionalidad y el error humano en procesos de control. En este evento, el Registro Civil pierde legitimidad operativa al quedar expuesto por desórdenes administrativos y financieros, lo que debilita la confianza ciudadana en la gestión de documentos esenciales. Por el contrario, la Contraloría se posiciona como un actor que ejerce un control efectivo, capitalizando la demanda social por mayor transparencia y eficiencia. La narrativa se construye desde la fiscalización técnica, dejando al servicio público en una posición defensiva que deberá justificar sus falencias ante la opinión pública y las autoridades superiores.