La Contraloría General de la República desplegó un equipo de Policía Judicial al Ministerio de Hacienda para verificar la legalidad y planeación de 14.414 contratos suscritos entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026. Esta intervención responde a una función de advertencia emitida por el organismo de control, tras detectar que el valor de dichos compromisos asciende a 4,55 billones de pesos, lo que representa un incremento del 22,5% frente al mismo periodo de 2022. La entidad señaló que más de 11.000 de estos acuerdos fueron realizados bajo la modalidad de contratación directa. El organismo de control fundamentó su actuación en los riesgos que enfrenta la sostenibilidad fiscal del país, tales como el menor recaudo, presiones de caja y la falta de ajuste al Presupuesto General de la Nación. La inspección busca determinar si las entidades cuentan con la capacidad financiera y administrativa real para ejecutar los contratos firmados tras el levantamiento de la Ley de Garantías. Se identificaron siete factores de riesgo, incluyendo deficiencias en la planeación financiera y dificultades para ejercer una supervisión efectiva sobre los recursos públicos. El Ministerio de Hacienda confirmó la atención a la comisión de control en sus dependencias y sostuvo que la información sobre la gestión presupuestal es pública. La cartera gubernamental enfatizó que los registros contractuales se encuentran cargados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), plataforma que permite la consulta y transparencia de los procesos. Por ahora, la Contraloría continúa con el recaudo de pruebas físicas y digitales para evaluar si existen méritos para iniciar procesos disciplinarios o fiscales contra los ordenadores del gasto.

Análisis político

La estrategia de la Contraloría se enmarca en un ejercicio de control preventivo que busca limitar la discrecionalidad del Ejecutivo en el cierre de su periodo, utilizando la figura de la 'Función de Advertencia' para señalar riesgos de sostenibilidad fiscal. Al desplegar a la Policía Judicial, el organismo de control eleva la presión política sobre el Ministerio de Hacienda, obligando a la administración a justificar la celeridad y el volumen de la contratación directa, una modalidad que suele ser objeto de escrutinio por su falta de competitividad. En este escenario, la Contraloría gana legitimidad institucional al posicionarse como un guardián del patrimonio público frente a las presiones de caja del Estado, mientras que el Gobierno pierde margen de maniobra al verse obligado a defender la transparencia de sus procesos en un momento de alta sensibilidad fiscal. La narrativa del Gobierno se centra en la normalidad administrativa y la disponibilidad de datos en plataformas oficiales, intentando desestimar la gravedad de la inspección, mientras que el organismo de control construye una narrativa de riesgo inminente que pone en duda la eficiencia y la planeación de la gestión saliente.