El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, decidió no prorrogar el contrato de fiducia mercantil con Fiduprevisora S.A., el cual finalizó el 31 de octubre de 2026. Esta medida marca el inicio de un proceso de transición administrativa y contractual de un año, prorrogable por otro periodo igual, con el objetivo de corregir fallas estructurales y financieras en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Durante este tiempo, el Gobierno implementará un plan de choque para asegurar la continuidad de los servicios de salud y el pago de prestaciones a más de 800.000 afiliados. La decisión responde a un diagnóstico crítico que incluye un déficit financiero estimado en 2,699 billones de pesos para el cierre de 2026 y múltiples hallazgos de organismos de control sobre presuntas irregularidades administrativas. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, señaló que el modelo actual, implementado en 2024, no logró contener la crisis y que se requiere una auditoría forense para investigar la gestión de los recursos. Por su parte, los ministerios de Trabajo y Hacienda han enfatizado que la transición busca garantizar la transparencia y la atención efectiva de los docentes y sus familias. Fecode y asociaciones sindicales como la ADE han manifestado su preocupación ante la incertidumbre del proceso, exigiendo garantías concretas para evitar interrupciones en la atención médica y el pago de pensiones. Aunque el gremio docente reconoce la necesidad de superar la crisis, insiste en que el Gobierno debe establecer un plan de transición público, verificable y participativo. Los sindicatos han advertido que se mantendrán en estado de alerta y no descartan movilizaciones si sus derechos fundamentales se ven comprometidos durante este cambio de operador.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en desmarcarse de la crisis heredada y del modelo de salud implementado en 2024, utilizando la auditoría forense como herramienta para legitimar la ruptura contractual y señalar presuntas irregularidades de administraciones anteriores. Al presentar la transición como una medida de salvamento, el Ejecutivo intenta contener el descontento social de un sector clave como el magisterio, mientras traslada la responsabilidad de la crisis a la gestión técnica y financiera de la Fiduprevisora. En este escenario, el Gobierno gana margen de maniobra para reestructurar el sistema, pero asume un alto costo político si el plan de choque no logra estabilizar la atención médica de manera inmediata. Por su parte, Fecode se posiciona como un actor vigilante que busca capitalizar el descontento de las bases para presionar por una mayor participación en la toma de decisiones. La narrativa del Gobierno se construye sobre la necesidad de transparencia y control, mientras que la del sindicato se enfoca en la defensa de los derechos adquiridos y la desconfianza ante posibles nuevos modelos de negocio que afecten la salud docente.