El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella decidió no prorrogar el contrato de fiducia mercantil con Fiduprevisora S. A., el cual administraba el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) desde hace 36 años. La medida, anunciada por el Ministerio de Educación tras una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fondo, responde a la identificación de 59 hallazgos técnicos, financieros y jurídicos, incluyendo un patrimonio negativo de $3,198 billones a junio de 2026. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, solicitó una auditoría forense para esclarecer posibles irregularidades y posibles hechos de corrupción en la gestión de los recursos. La transición administrativa comenzará el 1 de noviembre de 2026 y tendrá una duración inicial de un año, prorrogable por otro periodo igual. Durante este tiempo, el Gobierno busca corregir las fallas operativas que han afectado el acceso a servicios de salud y el reconocimiento de prestaciones económicas para más de 800.000 docentes y sus familias. El Ministerio de Educación ha requerido a la fiduciaria un plan detallado de actividades para asegurar la continuidad operativa mientras se define el nuevo esquema de administración. La Fiduprevisora manifestó que se acoge a la decisión del Consejo Directivo y se comprometió a garantizar una transición ordenada y transparente. Por su parte, los ministerios de Trabajo y Hacienda enfatizaron que los problemas administrativos no deben trasladarse a los afiliados, asegurando que los servicios de salud, tratamientos, medicamentos y pagos prestacionales se mantendrán vigentes. La Superintendencia Nacional de Salud realizará un seguimiento especial a las instituciones prestadoras para verificar la idoneidad y continuidad de la atención durante este proceso.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en capitalizar el descontento acumulado por las fallas en el sistema de salud del magisterio, utilizando la auditoría forense como herramienta para desmarcarse de la gestión anterior y legitimar una reestructuración profunda. Al involucrar a los ministerios de Trabajo y Hacienda, junto con el respaldo de FECODE, el Ejecutivo busca blindar la decisión frente a posibles críticas gremiales, presentándola como una medida técnica necesaria para proteger derechos fundamentales y garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos. El Gobierno gana legitimidad al posicionarse como un actor que asume la responsabilidad de corregir una crisis histórica, mientras que la Fiduprevisora pierde su rol central tras décadas de operación, quedando bajo el escrutinio de las autoridades de control. La narrativa oficial construye una distinción clara entre la 'administración ineficiente' del pasado y la 'gestión responsable' del presente, trasladando la carga de la prueba sobre la entidad saliente y utilizando la transición como un periodo de control político sobre la prestación de servicios.

El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella decidió no renovar el contrato de fiducia mercantil con Fiduprevisora S. A., el cual estuvo vigente durante 36 años para la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). La determinación fue adoptada por el Ministerio de Educación, en calidad de fideicomitente, tras una revisión técnica, financiera y jurídica que reveló 59 hallazgos, un patrimonio negativo de $3,198 billones a junio de 2026 y más de 109.000 quejas desde 2024. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, solicitó una auditoría forense para esclarecer posibles irregularidades y trasladó los hallazgos a los organismos de control. La medida establece un periodo de transición administrativa de un año, prorrogable por otro igual, que inicia el 1 de noviembre de 2026. Durante esta etapa, el Gobierno coordinará las acciones necesarias para asegurar la continuidad de los servicios de salud, el suministro de medicamentos, los tratamientos en curso y el pago de prestaciones económicas para más de 800.000 docentes y sus familias. La Superintendencia Nacional de Salud realizará un seguimiento especial a las Instituciones Prestadoras de Salud para garantizar que la transición no afecte la atención de los usuarios. Fiduprevisora S. A. manifestó que se acoge a la decisión del Consejo Directivo del FOMAG y se comprometió a ejecutar un plan de acción para mantener la trazabilidad y operatividad del fondo durante el proceso. El Ejecutivo enfatizó que esta decisión busca corregir fallas estructurales y proteger los derechos fundamentales del magisterio, mientras se preparan las condiciones para una futura licitación pública. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, subrayó que los docentes no deben asumir las consecuencias de las deficiencias administrativas identificadas en la gestión anterior.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en una narrativa de 'limpieza institucional' y corrección de fallas heredadas, utilizando los hallazgos financieros y operativos como justificación para romper con un modelo de gestión de tres décadas. Al vincular la decisión con la protección de derechos fundamentales, el Ejecutivo busca legitimar su intervención directa y desmarcarse de la crisis financiera del FOMAG, trasladando la responsabilidad de las deficiencias a la administración saliente y a la fiduciaria. En este escenario, el Gobierno gana control directo sobre la transición y la posibilidad de rediseñar el modelo de contratación, posicionándose como un actor que responde a las quejas del magisterio. Por el contrario, la Fiduprevisora pierde su rol histórico como administrador central, quedando bajo escrutinio por las irregularidades detectadas. La narrativa oficial se construye sobre la urgencia de transparencia y control, mientras que los actores gremiales y de control observan cómo el Ejecutivo asume la conducción del proceso para evitar un colapso en la prestación de servicios.