Cámara Chilena de la Construcción recorta proyección de inversión para 2026 a 0,8 por ciento
Resumen
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ajustó a la baja su estimación de inversión sectorial para 2026, situándola en un 0,8% real frente al 3,5% proyectado anteriormente. Este estancamiento responde principalmente a caídas en la infraestructura pública y la vivienda privada, agravadas por un entorno de incertidumbre internacional. El gremio destacó que la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas ha sido significativamente menor a la del año previo, limitando el dinamismo del sector durante el presente ejercicio.
El presidente del gremio, Raimundo Rencoret, proyectó un repunte del 5,8% para 2027, fundamentado en la ejecución de programas gubernamentales y proyectos de infraestructura productiva. A pesar de este optimismo, el informe advierte sobre riesgos críticos, como el recorte en los préstamos para viviendas sociales contemplado en el presupuesto público. Esta medida, según los expertos, podría comprometer la liquidez de las empresas constructoras y ralentizar la puesta en marcha de nuevas obras habitacionales.
Para revertir la tendencia, la CChC presentó una agenda de prioridades que incluye la agilización de permisos, la reducción de la burocracia y la aceleración de concesiones ya adjudicadas por un valor cercano a los 10.000 millones de dólares. El sector también aboga por cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para adaptar los instrumentos a las nuevas realidades demográficas. La colaboración público-privada se perfila como el eje central para alcanzar las metas de inversión y empleo proyectadas para el próximo año.
Análisis Político
La estrategia del gremio se centra en presionar al Ejecutivo mediante la visibilización de la baja ejecución presupuestaria, utilizando datos técnicos para condicionar el debate sobre el Presupuesto 2027. Al vincular la falta de inversión con la escasez de recursos estatales y la burocracia, la CChC construye una narrativa donde el Estado es el principal responsable del estancamiento, mientras se posiciona como un actor propositivo que busca certeza jurídica y eficiencia en la gestión de concesiones.
En este escenario, el Gobierno enfrenta el costo político de una ejecución presupuestaria deficiente, lo que debilita su capacidad de respuesta ante la crisis habitacional. Por otro lado, el gremio gana legitimidad al proponer soluciones técnicas, aunque se expone a críticas por su respaldo a cambios normativos que sectores de oposición cuestionan por riesgos de densificación excesiva. La construcción de estas narrativas contrapuestas define el pulso político sobre la capacidad del Estado para reactivar la economía mediante la inversión pública.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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