Contraloría detecta irregularidades en subsidios de arriendo del Minvu por más de 239 millones
Resumen
La Contraloría General de la República reveló graves anomalías en el Programa de Integración Urbana de Campamentos, administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tras auditar pagos realizados entre enero de 2025 y marzo de 2026. El informe identificó 168 beneficiarios fallecidos que continuaron recibiendo subsidios, además de 172 casos de arriendos entre familiares directos y 19 contratos con cónyuges, contraviniendo las bases del programa. Estas irregularidades generaron un perjuicio fiscal superior a los 239 millones de pesos, afectando fondos parcialmente financiados por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.
La Subsecretaría de Vivienda atribuyó la demora en la regularización de los contratos a una falta de interoperabilidad con el Registro Civil, aunque el ente fiscalizador cuestionó la tardanza de hasta 1.133 días en gestionar los términos de los beneficios. Ante este escenario, la Contraloría instruyó la regularización de los gastos ante el organismo internacional y la conclusión de procedimientos disciplinarios para determinar responsabilidades administrativas. El Minvu, bajo la actual administración, ha iniciado un sumario administrativo para investigar los hechos ocurridos durante el periodo anterior.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, enfatizó la necesidad de recuperar los recursos pagados indebidamente y establecer las sanciones correspondientes. La autoridad confirmó que el programa de arriendo heredado de la gestión anterior no tendrá continuidad, alineándose con el enfoque del actual Gobierno de priorizar la propiedad habitacional sobre el subsidio de arriendo. Esta medida busca cerrar un capítulo de gestión cuestionada mientras se ejecutan las acciones judiciales para restituir los fondos públicos comprometidos.
Análisis Político
La estrategia política del actual Ministerio de Vivienda se centra en la desvinculación de la gestión anterior mediante la auditoría y la fiscalización, utilizando los hallazgos de la Contraloría para validar un cambio de paradigma en la política habitacional. Al atribuir las irregularidades al gobierno de Gabriel Boric, la administración actual refuerza su narrativa de eficiencia y control, justificando simultáneamente la eliminación de programas de arriendo en favor de la propiedad, un pilar central de su agenda ideológica.
En este evento, el Gobierno actual gana capital político al posicionarse como un ente fiscalizador que corrige errores del pasado, mientras que la oposición y la administración anterior pierden credibilidad ante la opinión pública debido a la ineficiencia administrativa expuesta. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Ejecutivo enfatiza la negligencia y el perjuicio fiscal de la gestión previa, los funcionarios involucrados intentan matizar los hechos como fallas técnicas de interoperabilidad, buscando minimizar la responsabilidad política directa en el manejo de los recursos públicos.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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