Oposición recurre a Contraloría para exigir decretos de rebajas de penas a agresores sexuales
Resumen
Parlamentarios de oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para forzar al Ministerio de Justicia a transparentar 56 decretos de rebaja de condena. La acción responde a la negativa del ministro Fernando Rabat de entregar los antecedentes solicitados por la Defensoría de la Niñez, cuyo plazo legal de respuesta ya expiró. Los legisladores acusan al Ejecutivo de ocultar información deliberadamente para diluir responsabilidades políticas y jurídicas sobre la liberación anticipada de condenados por delitos sexuales contra menores.
La estrategia opositora busca obtener los documentos necesarios para sustentar una eventual acusación constitucional contra el titular de Justicia. Diversos diputados han calificado la gestión del Ministerio como una maniobra dilatoria y obstruccionista que revictimiza a los menores afectados. Mientras tanto, el oficialismo ha argumentado que algunos de los decretos poseen carácter reservado, cuestionando además la filtración de documentos que, según su postura, no deberían ser públicos.
La crisis ha escalado hasta convertirse en una prueba de fuego para el Gobierno, con parlamentarios advirtiendo que el libelo acusatorio avanzará incluso si el Ejecutivo persiste en su negativa. La oposición sostiene que la falta de transparencia impide proteger a las víctimas y conocer los fundamentos reales de los beneficios otorgados. La resolución de la Contraloría será determinante para definir el curso de la ofensiva parlamentaria contra el ministro Rabat.
Análisis Político
La estrategia de la oposición se centra en la judicialización de la fiscalización, utilizando a la Contraloría como un mecanismo de presión para obtener insumos técnicos que validen una acusación constitucional. Al unificar a sectores desde la DC hasta el PC, la oposición busca construir una narrativa de 'defensa de las víctimas' frente a un Gobierno que, según su relato, prioriza la opacidad y la impunidad. Esta táctica busca desgastar la figura del ministro Rabat, presentándolo como un actor que oculta información deliberadamente, lo que facilita la construcción de un consenso político para su destitución.
En este escenario, el Gobierno pierde terreno al quedar atrapado en una narrativa de falta de transparencia, lo que le impide controlar la agenda y lo obliga a defenderse de acusaciones de obstruccionismo. Por su parte, la oposición gana visibilidad y cohesión al posicionarse como garante de la probidad y la protección de la infancia. La construcción de narrativas es divergente: mientras la oposición enfatiza el derecho a la información y la protección de menores, el oficialismo intenta desviar el foco hacia la reserva de los documentos y la supuesta irregularidad de las filtraciones, intentando contener el daño político mediante la defensa de la institucionalidad administrativa.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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